El diputado regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Martínez, ha pedido al Gobierno de García-Page que garantice el mantenimiento de los 16 cotos intensivos que hay en Castilla-La Mancha, mediante medidas que amortigüen los efectos laborales y económicos derivados de la aplicación de la Sentencia 637/2016 del Tribunal Supremo, la cual incluye a la trucha arcoíris y la carpa común dentro del catálogo de especies invasoras.
Antonio Martínez ha subrayado la necesidad de que el Gobierno del PSOE “no dé la espalda” a este sector tan importante para la economía castellano manchega y del que dependen cientos de puestos de trabajo directos e indirectos, y articule medidas de ayuda para proteger a todos estos colectivos afectados por las consecuencias de la sentencia.
Asimismo, el Partido Popular cree conveniente que el Gobierno de Page elabore una estrategia para que todos aquellos municipios ribereños de ríos y embalses “no vean mermadas sus posibilidades de desarrollo y las consecuencias tan negativas que podría tener para la población la prohibición de la pesca de la trucha arcoíris y la carpa común”. Estas peticiones las ha presentado el Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha mediante una Proposición No de Ley (PNL).
Reunión con representantes del colectivo de la pesca
Durante una reunión mantenida en Cuenca con miembros de la Asociación de Cotos Intensivos de Pesca de Castilla-La Mancha y de la Asociación Española de la Carpa, Javier López Salmerón y Alberto Rubio respectivamente, el diputado de PP ha lamentado como además de los efectos tan negativos que acarrea la sentencia del Tribunal Supremo, hay que sumar “el golpe de gracia” que el Gobierno socialista de García-Page ha dado a la pesca deportiva y a los miles de puestos de trabajo que están relacionados con esta actividad en la región, porque –recuerda- Page no ha hecho nada.
Antonio Martínez se ha referido a como la notificación del pasado 5 de julio de declarar a la carpa y a la trucha arcoíris como especies exóticas invasoras en los ecosistemas de Castilla-La Mancha “obliga a sacrificarlas una vez pescadas”.
Por su parte, Javier López Salmerón y Alberto Rubio han declarado que la intención tanto de las asociaciones a las que pertenecen como otras muchas de Castilla-La Mancha, es que la Junta declare tanto a la trucha arcoíris como a la carpa especies de interés general por la riqueza y la economía que generan en nuestra región y por el nulo impacto medio ambiental que hacen estar en equilibro en el medio acuático naturalizadas, “lo que permitiría pescarlas sin ningún tipo de problema en nuestra tierra”.
Rubio ha declarado que la inacción de la Junta provoca que peligren miles de puestos de trabajo en toda Castilla-La Mancha, lo que conllevaría de manera paralela la pérdida de millones de euros que mueve esta actividad, amén de que muchos pueblos y zonas rurales de la región verían afectados sus ingresos.
Tanto López como Rubio han observado que los pescadores están “desconcertados porque no entienden el camino que ha seguido la Junta”. A esto, Rubio ha añadido que “la Junta no ha actuado adecuadamente para evitar la debacle económica que supone la prohibición de la pesca para el mundo rural”, lamentando como, una vez más, Page da la espalda a la economía rural y a mucho pueblos ribereños de Castila-La Mancha.
