La Unión Europea pretende transformar la economía promoviendo el transporte por ferrocarril porque es ecológico, sostenible y emite menos dióxido de carbono (CO2) que viajar por carretera o en avión. Uno de los objetivos planteados por Europa es crear la cultura del ferrocarril como el transporte público por excelencia. El desarrollo de los ferrocarriles exige a los Estados miembros llevar a cabo la “modernización y renovación de las líneas regionales infrautilizadas, para lograr un bajo impacto ecológico y favorecer la cohesión social y económica”. Europa considera que el ferrocarril es fundamental para el desarrollo, el turismo sostenible, la educación, la juventud, la cultura y la mejora de la accesibilidad de las personas con movilidad reducida y de las personas mayores.
Estas consideraciones sobre la prioridad del tren, están estrechamente relacionadas con los objetivos fijados por España en la próxima Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, que comenzará el uno de julio. El Consejo es junto al Parlamento un órgano esencial para la coordinación de las políticas europeas. Durante el semestre de la Presidencia española, el Consejo de la Unión Europea propone el avance en la transición ecológica y la consolidación del Pilar social de la Unión Europea. La dimensión social es el núcleo de la economía europea y significa garantizar la igualdad de oportunidades para todos y que nadie se quede atrás.
Pues bien, a la vista de las prioridades fijadas por España, sería una muestra de coherencia política que el gobierno declare de interés general el ferrocarril Aranjuez-Cuenca-Valencia y proceda a su reapertura y modernización, por ser un medio de transporte que fomenta la cohesión, la igualdad, es seguro y sostenible. Esta decisión inspirada en las recomendaciones de una Europa social fuerte basada en las personas, compensaría el daño ocasionado en los derechos constitucionales, vulnerados por ADIF al cerrar la línea mediante un procedimiento de dudosa legalidad. La clausura del tren lesionó la dignidad de las personas de las zonas despobladas de la provincia de Cuenca (artículo 10,1), el derecho a la igualdad real y efectiva (artículos 9,2, 14 y 139,1) y el de participación en los asuntos públicos (artículo 23,1). Constituiría un acto de justicia que, coincidiendo con la Presidencia de España del Consejo de la Unión Europea, el Gobierno del Estado rectifique la decisión de clausurar el ferrocarril, adoptada por ADIF sin contar con los municipios afectados, perjudicando los derechos de quienes residen en la provincia más desfavorecida de la región. Con el propósito de alentar a la Junta de Castilla-La Mancha a que presione sobre el Ministerio de Transportes movilidad y agenda urbana, para que revierta el cierre, se celebrará el plante 43 el próximo martes, día 27 de junio, a las 18.00 horas, en la plaza de España de Cuenca.
Opinión de Fernando Casas Mínguez
