Este miércoles se ha reunido en Toledo el Consejo Asesor Agrario, un órgano en el que participan el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, junto a miembros de su equipo en la Consejería; las Organizaciones Profesionales Agrarias, Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, los sindicatos y la patronal. En el encuentro, “hemos analizado varias normativas que van a entrar en vigor en los próximos meses”, ha comentado el consejero.
En primer lugar, han concretado la limitación del grado de la uva en la entrada en bodega. “Este año va a ser de nueve grados”, ha manifestado Martínez Arroyo, quien ha detallado que “no podrá entrar uva para vinificación por debajo de esos nueve grados en ninguna bodega de Castilla-La Mancha” durante la campaña 2023/2024. Desde la aprobación de la Ley de la Viña y el Vino, esta es una cuestión que debe regularse por decreto, y el Consejo ha dado el visto el bueno a esa cifra.
Según ha aclarado, “es una apuesta del Gobierno regional por la calidad en el sector vitivinícola que nos está dando buenos resultados, de hecho, este año en Castilla-La Mancha no vamos a necesitar destilación de crisis, cuando en otros lugares sí es necesario”. Además, el responsable de Agricultura ha recordado que “este año estamos vendiendo muy bien nuestro vino, cerca de 200 millones de litros de vino cada mes durante los últimos cinco meses”.
Por otra parte, el Consejo Asesor Agrario ha analizado “la nueva normativa de las Entidades Prioritarias de Interés Regional, para facilitar que las empresas de frutos secos, sobre todo el pistacho y la almendra, puedan alcanzar esta calificación con menos facturación que hasta ahora”. En concreto, la cifra se reduce de ocho millones de euros a cuatro millones. De esta forma, habrá más empresas del sector que podrán obtener “más ayudas” en un sector “que para nosotros es estratégico”.
También las empresas del sector del ovino y caprino de carne y leche han visto reducida su facturación mínima para acceder a la consideración de EAPIR. Deberán facturar anualmente, al menos, diez millones de euros, la mitad de la cifra establecida hasta ahora, que suponía una cuantía de 20 millones. Es también “un sector estratégico” para Castilla-La mancha, según ha declarado Martínez Arroyo.
De igual forma, “las empresas que dediquen el 100 por cien de su producción a la agricultura ecológica, van a tener más facilidades para hacer consideradas EAPIR que hasta ahora”, ya que otro de los objetivos del Ejecutivo es “seguir impulsando el modelo productivo de la agricultura ecológica”. En este caso, se reducirá en un 30 por ciento el nivel establecido de facturación para ser consideradas entidades prioritarias.
En tercer lugar, todos los miembros del Consejo han tomado la decisión de actualizar la normativa vigente regulando el registro de embotelladores y envasadores de vino de Castilla-La Mancha. Será más sencilla y se ajustará al trabajo que se está realizando en la digitalización del sector del vino, gracias al acuerdo del Gobierno regional y la Universidad de Castilla-La Mancha.
Una vez dado el visto bueno a estas tres cuestiones, será el Consejo de Gobierno el encargado de validar los decretos correspondientes, antes de que se publiquen en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Ampliación del periodo de solicitud de la PAC
Además, por acuerdo de todos, Castilla-La Mancha va a solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la ampliación del periodo de solicitud de las ayudas de la Política Agraria Común hasta el 30 de junio, para que agricultores y ganaderos tengan “más tiempo”. El consejero ha explicado que “como este mismo mes de mayo se va a publicar la nueva ayuda por la sequía, vamos a tener también más tiempo para explicarlo y para poder solicitar las ayudas”.
Martínez Arroyo ha confiado en que “el Ministerio pueda autorizar esa ampliación del plazo porque es importante para nuestra agricultura en Castilla La Mancha”.
