Dentro del calendario de movilizaciones, se han convocado paros parciales de 10 a 13 horas desde el lunes 17 de abril y huelga general el miércoles 19 durante toda la jornada y una manifestación en Madrid.
La convocatoria de esta huelga, instada por CCOO, UGT, CSIF y STAJ, se produce tras constatar la nula voluntad del Ministerio de Justicia de presentar una oferta de subida salarial a los 45.000 funcionarios/as de Justicia (del ámbito no transferido) en reconocimiento de las funciones que realizan a diario en los juzgados; en línea con el acuerdo firmado con los letrados.
Tras años de reivindicaciones no atendidas y de lo sucedido en estos dos meses es hora de que se oiga la voz unánime de quienes abren los Juzgados todos los días y hacen posible la prestación del servicio público de justicia en medio de una precariedad y obsolescencia escandalosa de medios personales, materiales y organizativos impropia de un servicio público esencial
Es el momento de aunar fuerzas para exigir al Ministerio de Justicia lo que nos corresponde y que no ningunee al 93% del personal de la Administración de Justicia. Reclamamos el reconocimiento de las funciones reales que realizamos, la responsabilidad, la profesionalidad y la especialización de todos y todas, y no sólo del 7% restante
El personal de todos los Cuerpos de la Administración de Justicia tiene un papel determinante en los nuevos modelos organizativos y tecnológicos, algo que el Ministerio ha olvidado
La imposición de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) y los Tribunales de Instancia, sin negociación, pondrá en riesgo, si no lo evitamos, los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas
Es el momento de exigir, entre todos, que el Ministerio de Justicia deje de tratarnos como funcionarios/as de segunda y se reconozcan las funciones que realmente realizamos y nuestro papel y participación en la modernización de la Justicia
La respuesta del Ministerio de Justicia ha sido imponer unos servicios mínimos abusivos y elimina de un plumazo la concesión de permisos y licencias, a modo de venganza por la convocatoria de huelga.
