En los últimos trece años el colectivo de trabajadores de este país, incluidos los empleados públicos y por supuesto el personal del Ayuntamiento de Cuenca, hemos padecido los espinosos efectos de un largo período de crisis con políticas erróneas de ajuste y recortes llevadas a cabo por los distintos gobiernos, y especialmente por los gobiernos de nuestro Ayuntamiento, que se ha visto reflejada en una perdida indecente de empleo y de derechos de los empleados municipales, así como un inadmisible deterioro de las condiciones de trabajo. Desde el año 2010 con el Gobierno del PSOE y los recortes ejecutados sobre las retribuciones, con rebajas salariales del 5 por ciento y supresión de pagas extraordinarias, y muy especialmente desde la aprobación por el Gobierno del PP de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y del RD-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que dejaba en suspenso los derechos conquistados en materias tan sensibles como jornadas, permisos, conciliación, jubilaciones anticipadas, igualdad, salud laboral o acción social, entre otras, y abría la posibilidad de suspender convenios y acuerdos en base a la alteración de las circunstancias económicas de cada administración pública, como así hizo nuestro Ayuntamiento, vulnerando reiteradamente el derecho efectivo a la negociación colectiva reconocido así en el Estatuto de los Trabajadores, Estatuto Básico del Empleado Público y en la propia Constitución.Durante estos trece años, no se nos ha permitido en ningún momento iniciar procedimiento de negociación alguno, para poder recuperar los derechos suspendidos, enviándonos constantemente a normativa que dejaba en suspenso estos derechos.
A finales del año 2022 el Gobierno del PSOE y sindicatos firman acuerdo para una “Administración del siglo XXI” que devuelve a los empleados públicos los derechos arrebatados en la anterior crisis financiera, siendo uno de los puntos destacados del acuerdo la eliminación definitiva de RD-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Este acuerdo se ha visto plasmado recientemente en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, que tal y como se recoge en sus disposiciones finales vigésimo primera y vigésimo cuarta se levanta la suspensión que hasta ahora había sobre convenios y acuerdos en las administraciones públicas.
