La Diputación de Cuenca muestra su sorpresa por las acusaciones del PP y asegura que la compra del edificio ha sido un proceso transparente. A continuación transcribimos de manera íntegra, debido a su importancia, el comunicado remitido a esta redacción.
La Diputación de Cuenca ha mostrado su sorpresa de haber sido acusada como institución provincial de un posible delito de prevaricación y malversación de fondos en un expediente donde todos los diputados y diputadas de la corporación, incluidos los del Partido Popular, han tenido disponible la información al respecto y nadie ha presentado ningún tipo de alegación ni escrito durante su trámite administrativo, contencioso o civil.
Procedimiento guiado, tutelado e informado en todo momento por los técnicos del organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación, así como por la propia Diputación de Cuenca, los cuáles, una vez desechada la adquisición del edificio del antiguo ICONA, comenzaron a trabajar en distintas opciones que explican de forma contundente las acusaciones vertidas. Entre ellas se encontraba la adquisición directa, pero se decidió por ser garantista realizar la adquisición mediante procedimiento abierto y concurso.
La Diputación de Cuenca adquirió el edificio para albergar el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación a través de un procedimiento abierto con unas bases donde podrían concurrir cualquier persona física o jurídica. Los únicos requisitos que solicitó la institución provincial es que tuviera al menos 600 metros cuadrados, que tuviera acceso desde un vial, que estuviera dentro de la malla urbana de la capital y que cumpliera las condiciones de iluminación y ventilación.
Los informes técnicos, jurídicos y económicos de este expediente son todos favorables y están firmados por funcionarios de la Diputación Provincial de Cuenca, por tanto, ha sido un proceso totalmente garantista y transparente acreditado por los propios profesionales de la casa.
Desde la Diputación Provincial de Cuenca han mostrado su predisposición para colaborar y ponerse a disposición del Ministerio Fiscal en todo lo que requiera.
