El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado a la ministra de Igualdad su petición para modificar cuanto antes la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del ‘Solo sí es sí’, y así lo ha manifestado esta mañana la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en declaraciones a los medios de comunicación, en las que también ha indicado que ya se ha revisado y rebajado la primera sentencia en Castilla-La Mancha, “no sabremos si habrá más, pero se ha reducido la sentencia a una agresión sexual, en aplicación de la ley del ‘Solo sí es sí’, en un año”.
Ante éste y el resto de casos que se han ido conociendo en los últimos días, la consejera de Igualdad ha vuelto a reiterar su petición a la ministra “porque no podemos consentir que ningún violador se beneficie de esta norma, que ningún agresor sexual se beneficie, ni tampoco que sigamos perjudicando a las víctimas”.
Por tanto, con esta ley, “que en términos generales es magnífica”, se afronta la violencia sexual desde una perspectiva integral, sin embargo, en algunos supuestos se han rebajado las penas mínimas e incluso también las máximas, algo que para la consejera “merece la pena ser revisado porque nadie quiere en este país que se rebajen las penas a los violadores. Desde luego la ministra no y el Gobierno de España tampoco, y si estamos de acuerdo en esto, vamos a hacerlo cuanto antes”.
Blanca Fernández ha afirmado que “no pasa nada por modificar una parte, simplemente la que alude a las penas y dejar el resto de la ley” porque “lo que más nos tiene que preocupar es una nueva revictimización de las víctimas que no se merecen”.
La consejera de Igualdad y portavoz también ha hecho una reflexión profunda acerca del contexto social y político en el que se produjo la elaboración de esta norma, explicando que fue “una reacción al escándalo que se produjo a nivel nacional por la atroz violación de la manada”, una violación que con el Código Penal antes de reformarse se condenó por abuso y no por agresión.
Este hecho provocó una reacción ciudadana en contra de esa sentencia y una reacción política “para mejorar la ley, proteger mejor a las víctimas y no bajar las condenas, en todo caso endurecerlas, porque eso era lo que pedía la calle”, ha concluido.
