El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del director general de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Íñigo Cortázar, ha informado a los sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial del SESCAM sobre el contenido del burofax recibido el pasado 14 de septiembre en la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas remitido por el Gobierno Central, requiriendo la reducción de 349 plazas de empleo público anunciadas por el SESCAM para el año 2016.
Cortázar ha recordado cómo la oferta de empleo público fue aprobada por unanimidad, tanto en la mesa sectorial como en la mesa general de empleados públicos, para un total de 1.030 plazas en todas las categorías, siendo 669 de ellas de acceso libre.
La razón que esgrime la Secretaría de Estado de Presupuestos, es que los profesionales que se han ido en concursos de traslados a otras Comunidades Autónomas o a otros servicios de Salud, no pueden ser tenidos en cuenta a la hora de calcular la tasa de reposición de efectivos.
Para Cortázar, “nosotros estamos radicalmente en contra de este criterio, fundamentalmente en base a dos motivos”. El primero de ellos, es que el cálculo que se ha hecho de la tasa de reposición, cumple escrupulosamente la normativa presupuestaria, ya que la gente que se va en procedimientos de movilidad, totalmente voluntario, pierde su plaza en el SESCAM y no tiene derecho a reingreso. Tendría que volver a concursar.
“Llevado este argumento al absurdo, si todo el personal fijo se fuese en un concurso de traslados, no podríamos recuperarlos por oposición”, ha afirmado Cortázar.
El segundo de los argumentos, es que desde que existe tasa de reposición, desde el año 1995, y desde que existen plazas de empleo público en el SESCAM, año 2005, se ha calculado siempre en base al mismo criterio, por ello el responsable de los Recursos Humanos del SESCAM se ha preguntado por la razón del cambio de criterio del Ministerio en este preciso instante.
Cortázar ha trasladado a los sindicatos en la reunión mantenida esta información, brindando toda la colaboración para que, conjuntamente, como ya se hizo con la impugnación por parte del Gobierno Central con la jornada laboral, “podamos avanzar juntos en combatir este recurso, que ojalá, no se produzca”.
El requerimiento del Gobierno Central da un mes de plazo a la Junta de Comunidades para que se modifique la oferta de empleo público o si no, se darán órdenes a la Abogacía del Estado para que interponga recurso.
“Nosotros estamos convencidos de la legalidad de la norma”, ha asegurado Cortázar, explicando que en las próximas fechas se presentarán a los sindicatos los temarios, explicando que los exámenes se convocarían en el primer trimestre de 2017.
