El 7 de julio de este año, el director de la Fundación Antonio Pérez, Jesús Carrascosa, firmaba un informe en el que solicitaba a la Diputación la contratación de una persona para el montaje de exposiciones. En ese escrito, en el que también se encuentra la rúbrica de la diputada de Cultura, Fátima García Sahuquillo, el funcionario de la institución apuntaba que “debería de contratarse en la forma que se considere más conveniente un trabajador para completar el equipo de montadores”. “Estamos ahora mismo en una situación que impide el montaje de exposiciones e imposibilita el trabajo del montador en plantilla por cuanto en la mayor parte de los casos necesita el trabajo en equipo de otra persona”, apunta el informe de algo más de un folio. El Grupo Popular en la Diputación de Cuenca relata cómo la modalidad escogida por el equipo de Gobierno fue la de concurso para dotar la plaza, que a continuación contó con la pertinente partida y consignación presupuestaria. “Una vez pasado el plazo los aspirantes fueron incluidos en una bolsa de trabajo encabezada, como es lógico, por la persona de más méritos”, relata el PP, “tras renunciar los dos primeros aspirantes, llegó el turno para este trabajador. El servicio de personal de la Diputación contactó con esta persona y él aceptó”, siguen relatando los populares. El día estipulado por la institución para la firma del contrato, el 30 de septiembre, “apareció un contrainforme, firmado por las mismas personas que el anterior de julio, es decir, Jesús Carrascosa y la diputada Fátima García Sahuquillo, cambiando la versión de lo que solicitaban meses antes y aconsejando externalizar el servicio de montaje de exposiciones”, apunta el PP, “está claro que no es una casualidad que este segundo texto apareciera el mismo día en el que se iba a contratar a esta persona”, afirman los populares, “no se trata de que ya no se necesite a un trabajador sino de que el actual Equipo de Gobierno que preside el socialista Chana se opone a contratar a esa persona en cuestión. Ha buscado las artimañas necesarias para ello, incurriendo en un claro abuso de poder”. El PP señala que esta maniobra “podría incluso ser constitutiva de delito” y piden que “de inmediato se reincorpore a esta persona al puesto que merece tras haberlo ganado en un concurso público. Además, y lo más importante, dejó otro trabajo por el que había conseguido en esta institución”.
«Parece mentira que los actuales gobernantes socialistas de la Diputación sean capaces de haber llegado a estos extremos de sectarismo, como son los de utilizar a los funcionarios públicos para que elaboren informes a su conveniencia con tal de impedir que una persona trabaje en la administración pública tras habérselo ganado legalmente”, concluye el Partido Popular.
