La Presidenta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha reclamado la comparecencia inmediata de Emiliano García-Page para explicar la posible complicidad de su Gobierno con las prácticas supuestamente irregulares empleadas por la empresa Kuk Medioambiente S.L., empresa propietaria de la planta industrial que comenzó a arder en Chiloeches el pasado 26 de agosto y que almacenaba productos de gran toxicidad.
“El incendio de Chiloeches pone a Page y a su gobierno bajo sospecha de malas prácticas y de posible trato de favor a determinadas empresas y empresarios” a quienes supuestamente dejaban operar a pesar de la existencia de informes que documentaban la existencia de prácticas irregulares, ha afirmado Guarinos.
Grupo Layna y la empresa del viceconsejero de Page, una misma cosa.
El gobierno de Page “juez y parte”
Tal y como se deduce de la información publicada en varios medios de comunicación y de los datos publicados en el registro mercantil, el gobierno de Page, a través del viceconsejero de medio ambiente, es «juez y parte» en la gestión de residuos peligrosos y en su vigilancia, a través de la conexión entre la empresa propiedad de la planta en la que se produce el incendio, Kuk Medioambiente S.L., y una empresa vinculada a un miembro del gobierno regional, el Grupo Layna.
Al parecer, el Grupo Layna había arrendado las instalaciones y la gestión de la planta y de los residuos a Kuk Medioambiente. El Grupo Layna tiene como empresa participada 100% a Biocombustibles del Henares S.L., y aquí es donde aparece la vinculación del gobierno de Page con el incendio de la planta de Chiloeches ya que el viceconsejero de medio ambiente figura en el registro mercantil como el único apoderado de la empresa Biocombustibles del Henares S.L., participada 100% por el Grupo Layna, siendo administrador único de la misma Pablo Layna Calvo, quien a su vez es también administrador único y apoderado del Grupo Layna.
Toda esta información, la ocultación de la misma por parte del Gobierno regional, coloca bajo sospecha al Gobierno de Page y pone en tela de juicio la imparcialidad con la que debía actuar el Gobierno regional y el camuflaje que podría haberse estado haciendo con su complicidad del tratamiento de residuos peligrosos.
Por todo ello, urge una explicación que ya solicitamos desde el Grupo Parlamentario Popular y que no admite ni demoras ni excusas afirma Ana Guarinos.
