La Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A. (CHJ), de conformidad con el artículo 94 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, tiene como una de sus funciones la inspección y control tanto del dominio público hidráulico como de las explotaciones de todos los aprovechamientos de aguas públicas, cualquiera que sea su titularidad y el régimen jurídico al que están acogidos.
De este modo, los agentes medioambientales que conforman el Servicio de Policía de Aguas tienen el carácter de autoridad pública y por ello pueden:
a) Entrar libremente, en cualquier momento y sin previo aviso, en los lugares sujetos a inspección y a permanecer en los mismos con respeto en todo caso a la inviolabilidad del domicilio. Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su presencia a la persona inspeccionada o su representante, a menos que consideren que dicha comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones.
b) Practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente.
c) Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o, en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabación de imágenes, y levantar croquis y planos, siempre que se notifique al empresario o a su representante.
El operativo ha consistido en comprobar aquellas superficies que estarían en regadío sin contar con un título concesional para ello. Para ello, se han ido abriendo las trapas, configurando las válvulas y poniendo en marcha los diversos pozos situados en las explotaciones agrarias. Desde la CHJ se recuerda que, en las zonas de inspección, no es posible tramitar nuevas concesiones que no estén recogidas en las previsiones del Plan Hidrológico de la Demarcación.
Durante la redada, en la que también han participado el Comisario de Aguas y el Comisario Adjunto, se han descubierto 60 hectáreas de pistacho en Mahora (Albacete), 40 hectáreas de almendro y viñedo en La Gineta (Albacete) y 120 hectáreas de viñedo en El Peral (Cuenca), que estarían regándose de forma ilegal.
En total, las extracciones de agua pueden suponer daños al dominio público hidráulico que superarían 80.000 €. Las sanciones, en su caso, podrían alcanzar los 500.000 €. Además, se han descubierto sendas plantaciones de cítricos sin concesión en los términos de Algar de Palancia, Soneja y Alfara de la Baronía (Castellón), que supondrían unos daños al dominio público hidráulico que rondarían los 20.000 €.
En todos los casos, los titulares de las fincas han colaborado con el personal de policía de aguas, por lo que no ha resultado necesaria la intervención de la Guardia Civil, con la que se estaba en contacto permanente.
Contadores manipulados
Por otra parte, en un operativo paralelo, se han detectado diversos contadores que presuntamente habrían sido manipulados, pudiendo por ello sus titulares ser autores de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. En su caso, las sanciones serán tipificadas como graves con multas entre 50.000 y 500.000 €, y, además, podrán conllevar la tramitación de las extinciones de los derechos al uso del agua para estos aprovechamientos. Las zonas de actuación de este operativo específico se han centrado en los municipios de Villanueva de la Jara (Cuenca) e Iniesta (Cuenca).
La Ley de Aguas dispone que los titulares de las concesiones administrativas de aguas, tanto subterráneas como superficiales, y todos aquellos que por cualquier título tengan derecho al uso privativo de las aguas, estarán obligados de la actuación por parte de los organismos de cuenca es doble: por una parte, deben garantizarse las demandas hídricas y, por otra parte, debe conseguirse el cumplimiento de los objetivos medioambientales fijados por la Directiva Marco del Agua.
Operativos de inspección y control como los descritos, con las actuaciones subsiguientes que resulten pertinentes, permiten alcanzar los dos objetivos; en primer lugar, porque otorgan seguridad a los riegos legalizados evitando así situaciones de sobreexplotación descontrolada de los acuíferos; y, en segundo lugar, porque evitando la sobreexplotación se cumplirán los compromisos adquiridos por el Reino de España con la Comisión Europea.
