“El PSOE ha dado muestras, una vez más, de cómo antepone sus intereses personales y sus conflictos de liderazgo al interés de todos los españoles”. Así se manifestaba hoy la diputada nacional del PP por Guadalajara, Silvia Valmaña, en el transcurso de una rueda de prensa en la que junto al también diputado, Ramón Aguirre ha realizado una valoración del último debate de investidura.
Para Valmaña, “al PSOE se le han acabado los argumentos” y afirma que “España necesita un gobierno con urgencia pero los socialistas no están dispuestos a que eso se produzca a pesar de que Mariano Rajoy se presentó a esta investidura con el apoyo de 170 diputados y el respaldo de 6 partidos políticos”.
Estos datos contrastan claramente con los apoyos que tuvo el líder socialista Pedro Sánchez – 131 diputados y 4 partidos políticos- cuando fracasó en su intento de ser presidente en marzo pasado. Por eso Valmaña se preguntaba durante la rueda de prensa por qué a Pedro Sánchez no le han parecido ahora suficientes los 170 apoyos recibidos por Rajoy “cuando él trato de convencernos en marzo por activa y por pasiva de que sus 131 apoyos sí eran suficientes para ser presidente del Gobierno”.
“La negativa del PSOE a facilitar un gobierno provocará la prórroga de los PGE y una sanción económica de la Unión Europea”
Valmaña recuerda que los españoles han dicho claramente en dos ocasiones, “y la última todavía con más rotundidad”, que quieren un Gobierno presidido por el Partido Popular y Mariano Rajoy y que en las segundas elecciones el único partido que incremento su número de votos y escaños fue el PP. Por eso afirma que “el problema no es que los españoles le hayan dado la espalda a Pedro Sánchez en dos elecciones sino que Pedro Sánchez es el que le está dando la espalda a España”.
Por su parte Ramón Aguirre ha asegurado que la principal consecuencia de las luchas internas del PSOE y su negativa a facilitar un gobierno “es que España va a tener que prorrogar los Presupuestos Generales del Estado”. Esa prórroga significa que España va a ser sancionada por la Unión Europea “con 5.000 millones de euros por no haber podido abordar los ajustes necesarios tanto en el lado de los ingresos como en el de los gastos”.
Para Aguirre, “al no ser posible la elaboración de los PGE, el Gobierno se verá obligado a presentar al Parlamento un Real Decreto Ley que facilitará que tanto los pensionistas como los funcionarios puedan recibir el dinero que les corresponde”.
