Según ha manifestado hoy mismo la portavoz del grupo, María José Pérez Salazar, su formación lleva años denunciando la situación vulnerabilidad económica y de exclusión residencial sobrevenida en la que se encuentran muchas familias y a su vez, los fenómenos de ocupación ilegal premeditada, con finalidad lucrativa, que se han amparado en la alta sensibilidad social que provoca estas situaciones para disfrazar actuaciones ilegales.
En Azuqueca de Henares somos conscientes de que se producen a menudo actuaciones organizadas que perturban y privan de la posesión de viviendas a las personas físicas a las que legítimamente corresponde, generando así graves problemas de convivencia. La ocupación ilegal, es decir, la ocupación no consentida ni tolerada, no constituye un título de acceso a la posesión de una vivienda ni encuentra amparo alguno en el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna.
Pérez ha proseguido afirmando que se hace necesario que la Administración Central articule mecanismos con los que dotar al resto de las administraciones para que puedan actuar en estos casos, en los que las mafias campan a sus anchas usurpando la propiedad, sin necesidad de tener que recurrir a los tribunales, hoy única medida para poder recuperarla, y por otro lado, que éstas últimas cumplan con su obligación de garantizar el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna mediante los instrumentos de política social, económica y de planificación dentro de sus competencias y atender la necesidad habitacional de personas sin recursos.
Lamenta que en el municipio azudense no se haya hecho nada al respecto. Son muchos los propietarios que se ven desposeídos de su propiedad y que sólo les queda recurrir a los tribunales para demostrar su legitimidad y otras tantas las familias que, debido a su delicada situación económica, necesitan de un alquiler social para poder gozar de una vivienda. Esa es la realidad de Azuqueca de Henares y a la que, por desgracia, el Gobierno de José Luis Blanco no le ha dado solución.
La portavoz de IU ha señalado los acuerdos que plantea en su moción: 1.- Funcionamiento urgente, una bolsa de viviendas en alquiler social gestionada de manera pública para dar respuesta habitacional a las personas que verdaderamente atraviesan por una situación de vulnerabilidad, para distinguirlas de las conductas puramente delictivas que ocupan viviendas con fines lucrativos y poder actuar así contra éstas últimas. 2.- Instar al Gobierno Central para que articule, de manera urgente, los mecanismos necesarios, siempre dentro del marco legal, que permitan a la distintas Administraciones actuar contra las mafias y devolver las viviendas a sus legítimos propietarios ya sean primeras, segundas o viviendas en desuso, sin necesidad de que estos tengan que recurrir a los tribunales para demostrar su derecho sobre la vivienda.
Ha finalizado afirmando que su grupo no sólo espera que salga aprobada por unanimidad, sino que se les dé cumplimiento íntegro a los acuerdos.
