El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recibido el aval del Tribunal de Cuentas en la gestión del Parque regional de Vivienda en el informe de fiscalización de las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma.
De esta forma, el instructor asignado al caso ha examinado las medidas que la Consejería de Fomento lleva a cabo para regularizar la gestión de un parque de más de 7.000 viviendas que están bien cedidas en alquiler o bien adquiriéndose a plazos por personas demandantes de vivienda de los colectivos más desfavorecidos y con dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre.
Así, en el acta de liquidación provisional remitida se enfatiza el perfil social de las personas y familias deudoras con graves dificultades económicas y de acceso al empleo. Se trata de unidades familiares que han resultado especialmente afectadas por las sucesivas crisis económicas padecidas en España.
De esta manera, el Tribunal ha avalado que las medidas como los requerimientos de pago, la concertación de acuerdos de compromiso de pago o, en su caso, la adopción de acciones judiciales se han adoptado como ejercicio de responsabilidad social. Además, el Tribunal añade que “la Administración autonómica ha añadido más recientemente a las medidas antes enumeradas el proyecto denominado Plan Social de Ingresos Patrimoniales de tratamiento global de las diversas actuaciones para la regularización y recaudación de las deudas del parque público de viviendas desde un planteamiento social”.
Asimismo, y aceptando las dificultades que implican esta gestión, y “la ingente cantidad de supuestos”, se advierte del giro en esta gestión para abordar los problemas inherentes al Parque regional de Vivienda con una visión social que ayude a salir de las situaciones de dificultad a las personas inquilinas por parte de la Dirección General de Vivienda.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que “el Plan Social de Ingresos Patrimoniales es la apuesta de la Consejería de Fomento por gestionar responsablemente las viviendas de titularidad pública y constituye una estrategia nueva que aborda de manera integral e innovadora la gestión del parque público de viviendas”.
Hernando ha subrayado, asimismo, que “pese a la interrupción que ha supuesto la pandemia, hemos seguido avanzando con un planteamiento que dará frutos en la convivencia pacífica y el cumplimiento de obligaciones, mejorando un servicio público esencial como es la vivienda”.
El Plan Social de ingresos Patrimoniales contempla fases de diagnóstico, análisis, visita por profesionales sociales a las viviendas y la búsqueda de soluciones con mínimo impacto posible.
