El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación ha suscrito un convenio con todos los ayuntamientos, EATIM y Mancomunidades de la provincia, a excepción de la capital, para gestionar sus tributos que, como novedad, permite delegar la competencia de los impuestos voluntarios tales como el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, la plusvalía o la gestión en periodo ejecutivo de ingresos públicos, así como los gastos generados por las demoliciones, entre otras muchas cuestiones
La diputada de Hacienda y vicepresidenta del OAGTR, Nuria Illana, ha explicado que en el último pleno ordinario de diciembre se aprobó este convenio que ha entrado en vigor con el nuevo 2022, todo ello con el objetivo de adecuarse a las necesidades que tienen los consistorios conquenses, que sobre todo los más pequeños, tienen graves problemas para hacer efectivos estos trámites tributarios debido a que no tienen personal cualificado para ello. Además, Illana ha manifestado que esto ha sido “una de las demandas de los alcaldes y las alcaldesas” debido a que tenían serios problemas para repercutir a un vecino el coste de derruir un edificio en ruinas, a partir de ahora, será un técnico provincial quien se encargue de llevar a cabo estos expedientes.
La responsable provincial ha señalado que esta medida nace de escuchar las necesidades que tienen los ayuntamientos y ayudarles en las dificultades que se encuentran en su día a día, además, a juicio de Illana, se hace con una nueva herramienta que será “moderna y eficiente”, de esta forma, la provincia y su gestión de tributos cumplen todos los requisitos que demanda la sociedad digital en la que vivimos.
Con el anterior convenio tan sólo se cobraban los impuestos obligatorios como IBI, IAE o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, así como en el periodo de ejecutiva conceptos como multas o sanciones; a partir de ahora en el periodo de ejecutiva se podrá cobrar “todo tipo de ingresos públicos”, un salto cualitativo muy grande para todos esos alcaldes y alcaldesas de pueblos muy pequeños, que tenían mucha dificultad para percibir estas tasas, según ha apostillado la diputada.
El convenio que ha entrado en vigor esta semana tiene una duración de cuatro años, más otros cuatro prorrogables. Además, como no podía ser de otra manera, se adapta a las obligaciones normativas que exige la legislación en materia de administración electrónica y protección de datos.
