El Juzgado de lo Social número 2 de Guadalajara ha dado la razón a UGT y ha tumbado el convenio colectivo de la empresa de Cabanillas del Campo (Guadalajara) Fidalco Logistics SL, un convenio en el que –según la impugnación del sindicato- no hubo una verdadera negociación colectiva y que presentaba rasgos de abuso de derecho y de fraude de ley.
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT CLM siempre ha defendido que Fidalco Logistics SL tendría que haber hecho suyo el convenio de operadores logísticos de la provincia de Guadalajara. “Sin embargo, adoptó un convenio de empresa que incurre en fraude de ley y que recoge una doble escala salarial, de tal manera que por las mismas funciones hay personas trabajadoras que cobran hasta 6.000 euros menos al año”, explica Crescencio Sánchez Moral, secretario general de FeSMC UGT Guadalajara.
En la sentencia también se prueba que este convenio fue firmado en 2019, con duración hasta 2025, sin que realmente existiese una negociación con la parte trabajadora. De hecho, los tribunales han constatado la relación cercana que existía entre el representante de las personas trabajadoras y los representantes de la empresa, de tal manera que –según refleja incluso el acta- el representante de la plantilla tan solo se limitó a aceptar el convenio que planteó la compañía.
Tal y como se indica en el fallo, también ha quedado en evidencia la posición de debilidad de la parte social y es que “las personas trabajadoras desconocían que habían aceptado salarios muy próximos al Salario Mínimo Interprofesional de 2018.
Crescencio Sánchez indica que Fidalco Logistics se aprovechó de la normativa actual (el Estatuto de los Trabajadores permite dar prioridad al convenio de empresa sobre el convenio sectorial) para rebajar los salarios de las personas trabajadoras y reducir sus costes sociales. “Prueba de ello es que desde que fue firmado este convenio que ahora la justicia ha tumbado la empresa quintuplicó su plantilla”.
Desde el sindicato entienden que este tipo de convenios de empresa perjudican las carreras profesionales y presentan rasgos de abuso de derecho, contribuyendo a la precariedad, a la desigualdad y a promover situaciones de abuso cuando no de fraude de ley.
