Podemos ha exigido “una explicación pública y convincente” tras tener acceso a la denuncia interpuesta contra el alcalde socialista de Yebes, José Miguel Cócera, que elevó a la Fiscalía la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) hace unos meses y que todavía no había trascendido a la opinión pública.
El portavoz de Podemos Yebes-Valdeluz, Juli Amadeu Àrias, ha indicado que desde su formación no corresponde “acusar al alcalde de ‘delitos’ mientras que la Fiscalía no se pronuncie o haya una sentencia”, pero considera que esta situación “no es óbice para pedir explicaciones ante unos hechos denunciados por la Asociación contra la Corrupción que son, al margen de la posible resolución penal, reprobables, faltos de ejemplaridad política y propios de un Gobierno que antepone sus intereses personales y partidistas al interés general”. En palabras de Àrias, “es nuestra obligación como partido local controlar el buen uso de los recursos públicos y exigir transparencia y buen gobierno”.
Por este motivo, desde la formación morada apuntan a que “el alcalde socialista tiene la obligación de dar explicaciones a las vecinas y los vecinos de nuestro municipio, que es lo primero que le reclamamos desde Podemos que haga”. Àrias también reclama que el equipo de Gobierno del PSOE y 40 Compromisos en su conjunto se pronuncie, “muy especialmente sus socios de coalición local de 40 Compromisos”. En todo caso, Podemos considera que los 85.000 euros que el alcalde socialista “ha gastado en abogados elegidos a dedo” y “en algunos casos para sus propias cruzadas contra partidos de la oposición”, por ejemplo, “se habrían invertido mejor en licitar la piscina municipal en el casco histórico”.
Según el escrito de la Asociación contra la Corrupción, el alcalde habría eludido “a sabiendas las prescripciones de la contratación pública, sin establecer siquiera unos pliegos de cláusulas al adjudicar la defensa en procedimientos judiciales”. Asimismo, presuntamente, habría adjudicado “la defensa en juicio mediante contrato menor ‘uno a uno’, a sabiendas de que lo prescrito es la contratación global del servicio”. En este escrito presentado ante la fiscalía por ACODAP se llegaría a considerar como “un hecho” la falta de justificación para no recurrir al Servicio Jurídico de la Diputación.
La citada Asociación contra la Corrupción considera que en la actuación del alcalde se suceden “arbitrariedad tras arbitrariedad”, ya que, además del fraccionamiento del servicio, “se adopta la decisión de eludir los deberes de transparencia, publicidad y concurrencia competitiva, vulnerando el principio de igualdad de oportunidades”. Del mismo modo, ACODAP también denuncia que “la ausencia de expediente conduce a la deducción de que se ha producido la contratación verbal, expresamente prohibida en la LCSP” (Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público). Según la denuncia elevada a la Fiscalía contra el socialista José Miguel Cócera, “los hechos constatados serían constitutivos, presuntamente, de prevaricación, malversación y administración desleal”.
