Los alcaldes de Cabanillas del Campo, José García Salinas; Alovera, Purificación Tortuero; Yunquera, Lucas Castillo; y Horche, Juan Manuel Moral, han acudido este jueves 30 de septiembre a los Juzgados de la capital provincial para mantener una reunión de trabajo con el equipo de la Fiscalía de Guadalajara, y con la fiscal jefe, Rocío Rojo Anguix. Se trataba de abordar la situación que se atraviesa en estos y otros pueblos de la comarca con la proliferación de ocupaciones ilegales de viviendas a cargo de mafias, un problema que está generando importantes problemas de convivencia e inseguridad en varias de estas localidades. Salinas, Tortuero, Castillo y Moral acudían en representación del conjunto de 11 municipios que, desde el pasado verano, están trabajando conjuntamente con esta problemática, y entre los que también se encuentran Quer, Yebes, Pioz, Galápagos, Fontanar, Azuqueca y El Casar.
La reunión ha sido “muy productiva”, a juicio de los ediles. Así, los representantes municipales han pedido a la fiscal Rojo un compromiso claro de la Justicia para agilizar los procedimientos de deshaucio cuando estas mafias entran en viviendas de modo ilegal, y alteran la convivencia en las zonas donde van asentando a distintas familias, con las que a su vez hacen negocio. “Hemos encontrado que hay puntos de acuerdo y una perspectiva común. Pero el problema sigue siendo que las leyes existentes no son suficientes para atajar el problema, y hay que cambiarlas”, destacaba a la salida de la cita el alcalde de Horche, Juan Manuel Moral. “Ha quedado claro que todas las partes afectadas coincidimos en lo mismo, que hace falta un cambio normativo para combatir más eficazmente la okupación”, decía por su parte el primer edil yunquerano, Lucas Castillo.
“Hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un fenómeno delictivo, muy alejado de las situaciones de necesidad de vivienda, que genera una degradación de la convivencia y del Estado de Derecho que debe merecer toda la atención posible y dar una respuesta conjunta y eficiente por todos los estamentos: Legislativo, Judicial y Administrativo, de forma inmediata y real, sin mirar para otro lado”, valoraba por su parte la alcaldesa de Alovera, Puri Tortuero.
En la cita, la Fiscalía se ha comprometido a trabajar con mayor cercanía hacia los ayuntamientos más afectados, tratando de mejorar los protocolos y las comunicaciones cuando se detecten estas situaciones, y en contacto más estrecho con los Servicios Sociales de cada ayuntamiento, que son los que mejor conocen la situación de las personas que ocupan estas viviendas de manera ilegal.
