El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, se ha referido hoy a que se va a aprobar la modificación del Real Decreto del “famoso memorándum de Cospedal” y se va a mejorar por “primera vez” la situación desde entonces en la región.
El próximo 27 de julio, ha anunciado, el Consejo de Ministros “va a aprobar una modificación del Real Decreto comprometida por el Gobierno de España y de Castilla-La Mancha, que es fruto del trabajo conjunto, y que va a disminuir la cantidad a trasvasar en nivel 2 de 38 a 27 hectómetros cúbicos, poniendo por delante los criterios técnicos de la arbitrariedad política que en su día dispusieron los dos gobiernos del PP, en Madrid y en Castilla-La Mancha”.
Así lo ha informado a los medios de comunicación de manera previa a la firma de los contratos de emprendedores con el Grupo de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo, que ha tenido lugar en la localidad de Molina de Aragón (Guadalajara).
Esta es la “primera vez que sucede algo así”, y por ello ha reconocido el “esfuerzo y valor” tras el trabajo conjunto de las administraciones regional y nacional, que va a beneficiar a los municipios ribereños, incrementando directamente la lámina agua existente en los pantanos de cabecera de Entrepeñas y Buendía, como así queda reflejado en los cálculos técnicos del CEDEX y de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, ha explicado, que indican un incremento de 200 hectómetros cúbicos de media. “Es un paso, no la solución, pero es un paso necesario y positivo”, ha dicho.
Además, Martínez Arroyo ha recordado que se están invirtiendo 40 millones de euros, “dinero de verdad”, en esta zona de Castilla-La Mancha, que posibilita, por ejemplo, que hoy no haya cisternas para el abastecimiento de la población en localidades ribereñas como Chillarón del Rey o Córcoles.
También ha afirmado que si esta modificación se hubiera producido hace seis meses hubiera supuesto un ahorro de 66 hectómetros cúbicos que no hubieran salido de los pantanos de cabecera, y ha lamentado que algunos diputados del PP de Castilla-La Mancha defendieran en Madrid que se paralizara la aprobación de este Real Decreto, y con ello, “en vez de ayudar, poniendo obstáculos a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, poco comprensible”.
