El Ayuntamiento de Guadalajara no presentará recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha que condena al propio consistorio al pago de 13.709.81 euros por un caso de “mobbing” y “hostigamiento” hacia la funcionaria municipal Araceli Muñoz de Pedro en 2012. Así lo ha anunciado el actual concejal responsable del Área de Personal, Santiago Baeza, en función del informe técnico emitido por el Área Jurídica.
Dicho informe descarta que exista “un interés casacional objetivo que pueda fundamentar un eventual recurso de casación” y alerta además de que la inadmisión de un recurso de este tipo por parte del Tribunal Supremo “conllevaría una importante condena en costas para el Ayuntamiento de Guadalajara.
“No hace falta ser abogado para saber que los recursos de casación se interponen para unificar doctrina cuando existen sentencias falladas en varias instancias con doctrina que pudiera parecer contradictoria, pero en este caso no la hay porque el TSJCM se ajusta a la doctrina del Tribunal Supremo”, argumentaba Baeza.
Acoso laboral probado por la Justicia en 2012
Los hechos a los que alude la sentencia del TSJCM se remontan a 2012 cuando la funcionaria municipal de carrera, Araceli Muñoz de Pedro, solicitaba su reincorporación al puesto vacante de letrada en el Ayuntamiento.
Una solicitud que no fue atendida en reiteradas ocasiones por el Gobierno municipal presidido por Antonio Román, que acabó creando un puesto inexistente no contemplado en la RPT para “con el propósito real de prescindir de una determinada funcionaria que no resultada cómoda por sus ideas políticas”, tal y como refleja la sentencia.
El TSJCM considera probado que la funcionaria Araceli Muñoz de Pedro sufrió varios cuadros médicos depresivos fruto del “hostigamiento” al que fue sometida.
“La Justicia, tras cinco sentencias, prueba que Muñoz fue objeto de hostigamiento y acoso moral, que no fue adscrita como funcionaria a puestos existentes correspondientes a su categoría, que se le creó un puesto ad hoc sin funciones ni actividad recogida en la Relación de Puestos de Trabajo y que fue aislada sin despacho, ordenador y teléfono por el único motivo de pertenecer a un partido político distinto al del entonces alcalde, Antonio Román”, explicaba Baeza.
Araceli Muñoz acudió hasta en cuatro ocasiones a la Justicia en contra de las distintas decisiones adoptadas por el entonces equipo de Gobierno, siendo estimadas todas ellas y no recurridas por el Ayuntamiento, hasta que una quinta sentencia del TSJCM ha calificado como mobbing esta situación, condenando al consistorio al pago de una indemnización a la trabajadora víctima del episodio de acoso sufrido. El plazo para la presentación de recurso finaliza este miércoles.
Baeza: “En nombre de la Institución, pido disculpas a Araceli Muñoz”
El responsable municipal de Personal, ante los hechos probados por la Justicia, ha pedido “disculpas” sin querer dejar de “señalar”, ha añadido, “a los máximos responsables de entonces, dirigidos por el señor Antonio Román, a quienes pido, por el buen nombre del Ayuntamiento, que reconozcan aquel error y pidan perdón”.
De hecho, Baeza apuntaba a otro motivo, al margen de la fundamentación jurídica expresada por los técnicos, para no presentar recurso de casación. “Estamos ante una víctima de acoso laboral reconocida por la Justicia. Estamos ante hechos probados en cinco sentencias y lo que toca ahora es reparar la dignidad de la trabajadora porque lo que este Gobierno municipal no va a hacer es machacar a una víctima o ignorar hechos probados”, ha asegurado.
Baeza ha defendido con rotundidad a los empleados y empleadas municipales, ha recordado que todas las decisiones adoptadas en 2012 tuvieron únicamente el voto favorable del Gobierno de Román con la oposición de sindicatos y partidos y ha reclamado al portavoz de la oposición mesura y prudencia “porque está atribuyendo delitos al actual Gobierno municipal asegurando que no recurrimos al tratarse de una persona del mismo partido político y eso es falso”.
