La semana pasada la vicepresidenta del Gobierno para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se reunía en Belmonte con alcaldes, representantes de la Diputación de Cuenca y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para abordar estrategias frente al reto demográfico; en dicha reunión la vicepresidenta hacía hincapié en el papel destacado de los Ayuntamientos en la transformación del país.
Pocos días antes, la Diputación daba a conocer la noticia de la participación de 29 municipios de nuestra provincia en el Proyecto Arraigo para trabajar en atraer nuevos pobladores, en el cual los Ayuntamientos interesados tan solo tenían que remitir la solicitud a la Diputación Provincial y cumplir unos escasos requisitos. Unos meses antes se ponía en marcha Hola Pueblo, de características similares al anterior, y así un sinfín de proyectos y subvenciones inconexas donde casi nunca están presentes los pequeños municipios.
A la vista del escaso porcentaje de municipios participantes en Proyecto Arraigo (de los 238 municipios que componen nuestra provincia y estando más del 90% de los mismos gravemente afectados por la despoblación, tan solo 29 se han interesado por el proyecto, lo que apenas representa un 11% del total), o la escasa participación de los Ayuntamientos más pequeños en el acceso a subvenciones de cultura, patrimonio, asociaciones, etc., habría que preguntarse cuál es el motivo de tan baja participación. Las respuestas pueden ser muchas y muy variadas, e ir desde no cumplir los requisitos de la convocatoria hasta contar con mecanismos propios para suplir estas necesidades. Sin embargo, a poco que se conozcan las dimensiones y funcionamiento de la inmensa mayoría de los municipios, el problema parece ser otro. Hay que indicar que un alto porcentaje de los municipios conquenses apenas cuentan con personal administrativo para hacer frente a la cantidad de competencias que tienen los Ayuntamientos y a las que tienen que responder por obligación legal. Se trata en ocasiones de una única persona, el alcalde, el que tiene que responder a todas estas tareas, sin formación ni asesoramiento para ello.
Desde Manifiesto por Cuenca estamos convencidos de que no podemos dejar toda la responsabilidad y esfuerzo que supone la lucha contra la despoblación en la única mano de Ayuntamientos con pocos recursos, tanto económicos como de gestión, y en dos o tres personas, repartidas entre alcalde y concejales, que recordemos ninguno de ellos cobra por esta función ni tiene dedicación exclusiva. Nuestros municipios deben estar en disposición de igualdad a la hora de poder utilizar cualquier fondo europeo como los Fondos Next Generation UE o saber qué es la Agenda Urbana y cómo acceder a ella. No se puede hacer frente al principal problema que tiene la provincia partiendo de una desigualdad dada por los propios recursos humanos y económicos de los Ayuntamientos.
Desde Manifiesto por Cuenca creemos que debe ser la Diputación Provincial de Cuenca la que supla estas carencias de los Ayuntamientos, liderando el impulso que la provincia necesita para igualar las oportunidades en todo el territorio, creando un órgano con independencia política dedicado a la lucha contra la despoblación de forma transversal, donde se fijen objetivos, medidas concretas y plazos para la consecución de las mismas. Debe ser, además, un órgano ligado al territorio donde los Ayuntamientos reciban la información y el acompañamiento necesario para que todos los territorios sean capaces de avanzar en la resolución de este gran problema sin discriminación alguna en función de sus recursos económicos o humanos. Por otro lado, se echa en falta órganos de participación como el creado por la Diputación de Huelva donde han establecido un foro de alcaldes y alcaldesas para presentar estrategias frente a la despoblación.
En resumen, instamos a la Diputación Provincial de Cuenca a establecer una línea de acción frente a esta problemática en la provincia, exigimos que se pase cuanto antes de las cuestiones teóricas, que son imprescindibles, a un plan de futuro con inversiones ordinarias apoyando especialmente a los más pequeños por su situación de desigualdad.
