La diputada regional por Cuenca, María Roldán, ha destacado “el especial ataque que a nuestra democracia y al sistema judicial” supone la intención de indultar a los presos independentistas por parte del Gobierno de España y ha recodado la vinculación y el grado de responsabilidad de Page y los diputados nacionales de Castilla-La Mancha en la situación que actualmente soporta nuestro país ya que “votaron a favor de la investidura y de las alianzas que mantienen los separatistas catalanes con Sánchez”.
María Roldán ha recriminado al presidente de la Junta sus recientes declaraciones públicas en las que se muestra contrario a esos indultos, “cuando hace ya dos años que tuvo oportunidad de que los diputados que representan a nuestra región en el Congreso votaran en contra de la investidura de Sánchez”. Ha recordado también la diputada que el presidente de la Junta, “hasta en cuatro ocasiones ha votado el Parlamento regional una resolución para que Castilla-La Mancha se pronuncie en contra de los indultos y las cuatro veces ha votado en contra”.
“Los socialistas han abierto de par en par la puerta a la utilización política del indulto como pago a los independentistas para mantenerse en La Moncloa. Que abandonen la cárcel los presos que asaltaron la Constitución, que no han mostrado arrepentimiento y que han dicho que lo volverían hacer es una burla a la democracia y la forma más rápida de sortear las resoluciones judiciales”, ha añadido Roldán, que ha recordado también que “desde el PP recurriremos al Supremo si se llevan a cabo esos indultos y exigiremos el cambio de la Ley y del Código Penal contra referendos ilegales”.
Para acabar con todos estos despropósitos del Gobierno de Sánchez, la diputada regional ha explicado que, a nivel nacional, “estamos preparando un plan de choque legislativo que nos permita gobernar y tomar decisiones urgentes e inmediatas en cuanto el Partido Popular llegue a La Moncloa. La situación de nuestro país no permite perder el tiempo y tenemos numerosas cuestiones urgentes que solucionar y a las que atender. Un ejemplo es la derogación de la Ley Celáa, como se comprometió el presidente Casado, y la elaboración de un texto alternativo para llegar a un consenso”.
Roldán ha recordado que este plan se divide en tres ámbitos, el institucional, el económico y el social y que contempla medidas como la prohibición de los indultos para los casos de rebelión y sedición; la reforma del CGPJ para reforzar la independencia judicial; la ley de protección a las víctimas del delito, la tipificación de referéndum ilegal; la reforma de la financiación de partidos para limitar subvenciones a las formaciones que tengan condenados por sedición y la ley para reconocer a los funcionarios como agentes de la autoridad. También se tomarán medidas para abaratar el precio de la luz; ayudas a empresas y autónomos, una la ley antiokupas y en defensa de la propiedad privada y la creación de una autoridad independiente para gestionar los fondos europeos en contra la politización que está llevando a cabo el Gobierno. El reto demográfico y fortalecer la conciliación de la vida familiar y laboral también son prioritarios para el Partido Popular en sus planes de gobierno.
