El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado conocimiento de diferentes contrataciones de emergencia derivadas de la pandemia del Covid-19 que han sido realizadas a través de las consejerías de Sanidad y de Bienestar Social por un valor superior a los 850.000 euros.
Así lo ha explicado hoy en rueda de prensa la consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, quien ha concretado que el primer acuerdo, de la Consejería de Sanidad, es el relativo al almacenamiento de la vacuna fabricada por Johnson & Johnson/Janssen en Castilla-La Mancha a través de la plataforma logística Alloga, S.L. por un total de 188.064 euros.
La plataforma Alloga, S.L. es la misma que está gestionando la distribución de la vacuna Moderna, lo que significa que se podrán optimizar los recursos para repartir ambas vacunas en un mismo transporte, en 14 rutas diferentes.
La consejera portavoz ha explicado al respecto que, aunque en estos momentos la vacuna está en suspensión por parte de las autoridades farmacológicas americanas, el Gobierno regional ha optado por anticipar su logística y la distribución para que, una vez que llegue esta vacuna, si así sucede, “acelerar en la medida de lo posible el plan de vacunación”, ha dicho la consejera.
Nueve contratos para procurar protección
Por otro lado, la portavoz ha manifestado hoy también que las contrataciones realizadas desde la Consejería de Bienestar Social han sido un total de nueve por un importe de 662.438 euros, esencialmente vinculadas a gasto COVID.
En este sentido, ha explicado que tres de estos contratos han estado destinados a la contratación de 120 plazas residenciales por importe de 480.000 euros. Estas plazas son “para aquellas personas que han estado ingresadas, pero no pueden volver a su lugar de residencia y durante un tiempo permanecen en un centro residencial para estar correctamente atendidas”, ha añadido Blanca Fernández.
El resto de contrataciones por importe de 182.000 euros están relacionadas con la compra de material sanitario de primera necesidad como mascarillas quirúrgicas, guantes de nitrilo, buzos, batas desechables, gorros, calzas, manguitos hidroalcohólico, pantallas faciales o gastos extraordinarios en limpieza.
“Es decir, todo lo que tiene que ver con la protección de la salud y de la vida de las personas que desarrollan su día a día en centros residenciales públicos, y por supuesto también de las plantillas que las atienden, que merecen que hagamos el máximo de los esfuerzos”, ha concluido la consejera portavoz.
