Ecologistas en Acción de Guadalajara ha tenido que contratar a una abogada y ha creado un equipo de 12 personas voluntarias para poder leer, analizar y elaborar escritos de alegaciones al aluvión de proyectos de energías renovables que llega a nuestra provincia. La falta de planificación por parte de la administración regional, el goteo incesante y los incontables trámites burocráticos están llevando a esta asociación a realizar un esfuerzo sin precedentes para poder dar respuesta a proyectos con graves carencias, en ocasiones fragmentados para evitar el procedimiento estatal, y con graves impactos sociales y ambientales que afectarían a la mayor parte de nuestra provincia. Desde el pasado mes de noviembre, Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a proyectos de fotovoltaica y eólica que afectan a municipios como Jadraque, Almadrones, Yebra, Algora, Torremocha del Campo, Galápagos, El Casar, Valdegrudas, Yunquera, Alovera, Villanueva y Quer, entre otros.Además, la asociación ambientalista está preparando los escritos correspondientes para los 13 proyectos que afectan a Budía, San Andrés del Rey y Peralveche, así como para Alcolea del Pinar y Caspueñas.
Sorprende la ausencia de un plan, por parte de la administración castellano manchega, para reducir los consumos, sustituir energías contaminantes por menos contaminantes, aprovechar las miles de hectáreas de tejados y azoteas disponibles en los núcleos urbanos e industriales, que permita encauzar y gestionar adecuadamente proyectos como estos, que en opinión de Ecologistas en Acción generan un problema, por mucho que se nos muestre como una oportunidad.
Las grandes empresas eléctricas que han aterrizado en nuestra provincia anuncian la construcción de megaplantas con bastante antelación para subir en bolsa y recibir fondos europeos, y utilizan técnicas para conseguir terrenos, e incluso modificar futuros espacios protegidos, dignas de un manual de burladores de los resquicios legales.
Este aluvión de procedimientos ha desbordado a la administración que ha tenido que contratar administrativos y técnicos. Y a las instituciones y organizaciones sociales que tenemos que leer proyectos de más de 900 páginas, ¿quién les ayuda? ¿Por qué no se amplían los plazos de exposición pública? Las notificaciones a las asociaciones ambientalistas llegan ahora desde tres organismos regionales: desde la Dirección General de Transición Energética en Toledo, desde el servicio de Evaluación Ambiental y desde el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible.
Ecologistas en Acción de Guadalajara va a seguir presentado escritos de alegaciones y denuncias por fragmentación de proyectos, dejando en entredicho memorias ambientales que son el resultado de un copia-pega masivo, y que incluyen gran cantidad de falacias, que están poniendo en entredicho el normal procedimiento de la evaluación ambiental en nuestra región y nuestro país. Se evidencia la incapacidad de una administración regional que vele por el patrimonio natural y cultural, así como por la agricultura, la ganadería, el turismo y que evite la despoblación del medio rural.
