El portavoz del Grupo Municipal Popular Jaime Carnicero ha anunciado hoy que su Grupo realizará una pregunta en el pleno de este viernes para interesarse y pedir al gobierno de PSOE y Ciudadanos, una vez más, que actúe ante el conflicto del agua con el Ayuntamiento de Marchamalo, por el que el Ayuntamiento de Guadalajara “está dejando de ingresar alrededor de un millón de euros al año en concepto de agua y depuración”. “Si el alcalde socialista Alberto Rojo se sigue negando a reactivar este proceso, que él mismo paralizó cuando llegó a la Alcaldía en 2019, y se niega a defender los intereses de Guadalajara por encima de los intereses partidistas con su homólogo socialista en Marchamalo, el Grupo Municipal Popular acudirá al Tribunal de Cuentas”, ha informado Jaime Carnicero.
Los hechos se remontan a finales de 2018 cuando el Consistorio gallardo decidió recurrir, en un primer momento vía administrativa, después judicial, el pago de esta tasa. Carnicero ha recordado que “una de las primeras reuniones de Rojo como alcalde fue con su homólogo en Marchamalo donde dijo que “estaban negociando” la citada deuda, pero nada más se supo, mas que Rojo sigue perdonando al Ayuntamiento de Marchamalo, que no a sus vecinos -puesto que los vecinos sí pagan el agua- más de un millón de euros”.
“Nosotros no entendíamos ni entendemos que exista algún tipo de conflicto jurídico puesto que es muy fácil ahora mismo que tenemos las tuberías separadas y hay caudalímetros saber hasta el último litro de agua que entra al Ayuntamiento de Marchamalo desde Guadalajara y el que viene de Marchamalo y entra a la depuradora”, ha explicado el portavoz municipal. La única explicación, según Carnicero, radica en “anteponer una vez más los intereses del PSOE a la ciudad y los vecinos de Guadalajara, como nos tiene acostumbrados ya Rojo” puesto que “consultado el expediente judicial han sido continuas las trabas y reiterados los aplazamientos y suspensión en algunos casos sin ningún tipo de motivación jurídica que han ido retrasando la gestión y resolución de este expediente judicial por el que la ciudad está dejando de percibir no ya 700.000 euros como decíamos en 2018, sino a día de hoy más de un millón de euros”.
Así, la última actuación judicial data de febrero de 2020. Desde esa fecha, ese procedimiento judicial está suspendido, incluso archivado judicialmente, “por la inacción del alcalde de Guadalajara”. Es decir, que “el señor Rojo no quiere cobrar lo que en justicia y en derecho corresponde a la ciudad de Guadalajara. Ante esta situación, pasado el año, el plazo de 60 días que se dio por parte del juez para llegar a un acuerdo, y pasados los aplazamientos, creemos que ha pasado tiempo suficiente para que Rojo reinicie y defienda de una vez por todas los intereses de Guadalajara.
Carnicero ha finalizado asegurando que “el Grupo Municipal Popular estará para defender los intereses que no quiere defender el alcalde Rojo”.
