El concejal de Servicios y responsable de limpieza, Jaime Sanz, ha explicado los motivos por los que el Ayuntamiento no suspendió el contrato de limpieza en los colegios durante la fase de confinamiento. “En aquellos días nadie supo con certeza en qué momento se produciría el regreso a las aulas y los colegios debían mantenerse desinfectados y limpiados de forma escrupulosa”, ha asegurado.
Sanz ha recordado que en algunos colegios los comedores ofrecieron la recogida diaria de menús para el alumnado becado y ello implicó la necesidad de no abandonar las tareas de limpieza.
“La empresa nunca estuvo cruzada de brazos porque tuvo que realizar limpieza y desinfección profunda de todas las dependencias, de todo el mobiliario y de gran marte del material escolar para estar siempre preparados para el retorno a las aulas”, ha precisado.
El responsable de la limpieza en la ciudad se ha visto obligado a comparecer públicamente después de que el Grupo Popular en el Ayuntamiento vertiese informaciones falsas que apuntaban a un supuesto gasto de 300.000 euros que el Ayuntamiento podría haber ahorrado por labores que según el principal grupo de la oposición no se habría desarrollado.
Sanz ha querido ser muy tajante al reprochar al Grupo Popular no haber hecho una sola consulta al Gobierno, a los técnicos municipales o al personal de la limpieza porque “en vez de intentar conocer la verdad o la realidad de esos días, lo que ha hecho es mentir y calumniar.
De hecho, Jaime Sanz ha lamentado que Jaime Carnicero no contase a los medios toda la verdad, y es que “lo que el Tribunal de Cuentas hace es censurar al Ayuntamiento de Guadalajara por no haber vuelto a licitar este contrato de limpieza, que vencía el pasado 1 de enero de 2019. El señor Román forzó a la empresa a seguir prestando servicio después de que la misma renunciase a una prórroga. Y por este mismo motivo el señor Antonio Román ha tenido que presentar alegaciones ante el Tribunal de Cuentas ¿a que de esto no les informó el señor Carnicero?”, se ha preguntado.
El concejal de Servicios sí ha cifrado en 200.000 euros el coste que el ayuntamiento de Guadalajara tuvo que afrontar “por la falta de previsión del anterior equipo de Gobierno que no licitó un nuevo contrato ni hizo absolutamente nada después de que el anterior venciese el 1 de enero de 2019 y de que la empresa renunciase a la prórroga del servicio”.
