El Consejo de Gobierno dio ayer el visto bueno a dos asuntos de diferente naturaleza: por un lado, la autorización de un programa de empleo para incorporar personal funcionario interino al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Función Pública y, por otro, el acuerdo por el que se declara Bien de Interés Cultural el toque manual de campanas en el municipio de Alustante (Guadalajara), con categoría de Bien Inmaterial.
Respecto al primero, el Consejo de Gobierno autorizó ayer el programa temporal de empleo para incorporar personal funcionario interino al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Función Pública, dependiente de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. La duración de este programa es de un año, prorrogable si es necesario.
“Con esta decisión, reforzamos un Servicio que desde el inicio de la pandemia ha visto incrementada su actividad y su carga de trabajo de manera importante. Esta situación ha implicado tomar medidas continuamente en materia de prevención de riesgos laborales para evitar contagios entre el personal de la Junta y dar una respuesta cada vez más ágil a las demandas que llegan al Servicio”, ha explicado la portavoz.
Entre otras funciones, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración autonómica se encarga del diseño, implantación y aplicación de planes de prevención de riesgos laborales, de la identificación y evaluación de factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud del personal empleado público, priorizar la adopción de medidas preventivas, vigilar su eficacia etc.
En concreto, gracias a este programa se incorporarán nueve profesionales, cuatro con titulación superior y cinco con intermedia en Prevención, cuya misión será continuar potenciando la protección de los trabajadores y trabajadoras de la Junta de Comunidades frente a la COVID-19 con el desarrollo de medidas preventivas por las especiales exigencias de seguridad establecidas para evitar nuevos contagios. La inversión en este programa es de 391.591 euros.
“El Gobierno de Emiliano García-Page tiene clarísimo que tiene que proteger la salud de la plantilla de la Junta, en concreto de los 17.000 profesionales que la conforman, cuya salud es muy importante. Primero, porque la vida vale mucho, y luego porque gracias a los empleados y empleadas públicas la administración puede seguir funcionando, lo que garantiza ese colchón social imprescindible en momentos tan críticos como los actuales”, ha afirmado la portavoz.
