El año 2020 será uno difícil de olvidar para la mayoría de la ciudadanía. Una pandemia mundial, que paralizó casi toda actividad cotidiana, nos encerraba durante meses en nuestras casas. Como la educación es un derecho, la comunidad educativa (familias, profesorado, alumnado) se esforzó en terminar el curso, con pocos recursos informáticos, con menos formación en docencia telemática, con resultados cuestionables…Surgieron términos “como brecha digital” para tapar otros menos deseados como la brecha social. Parecía la ocasión idónea para la reflexión sobre las necesidades reales en los centros educativos y para
evitar situaciones vividas en los mismos porque no se interviene contra la injusticia social y se sigue confundiendo igualdad con equidad.
Nadie duda de que el nivel de progreso, entendido como dignidad, de una sociedad es directamente proporcional a la inversión, que no gasto, en educación. No hay excusas para recorte alguno, ninguna. Sin embargo, se ha hecho recientemente en la decisión de fusionar el CEIP Río Tajo con el CEIP El Balconcillo, obviando la importancia de la inclusión para una educación de calidad.
En junio, retomamos la vida en una “nueva normalidad”. Y se sucedieron las instrucciones para el inicio de curso 2020/2021, con algo más de conocimiento sobre la Covid-19 pero sin ninguna certeza. Ante la incertidumbre del desarrollo de la pandemia, desde la Consejería de Educación se dictaron instrucciones sobre medidas educativas, entre las que destacan la contemplación de tres escenarios: presencial, semipresencial o no presencial. A los departamentos se les instó a incluirlos en sus programaciones, y, por ende, en la Programación General Anual de centro a entregar en las respectivas Delegaciones de Educación provinciales.
Como profesionales de la educación, desde el sindicato abogamos por la presencialidad, a ningún nivel puede suplirla la no presencialidad. Además, los centros aportan el aspecto social y, en algunos, los recursos materiales que puedan suplir “las necesidades de alimentación, especialmente importantes en un momento de crisis socio-económica y de aumento de estrés en el hogar (aumento de la violencia machista, hacinamiento, estrés emocional por enfermedad o muerte por Covid etc)”. Sin embargo, estamos viviendo una situación excepcional en materia de salud. En los centros conviven cientos de personas, cada cual con sus circunstancias, por lo cual estamos obligados a adoptar las máximas medidas posibles de prevención y promoción de la salud.
A principios de curso, en el IES Liceo Caracense de Guadalajara, se aprobó la opción semipresencial para cuarto de la ESO ante la imposibilidad de cumplir con las medidas higiénico-sanitarias y garantizar así el derecho a la salud. Tras el período de descanso entre el primer y segundo trimestres, con el índice de la enfermedad en máximos, y respondiendo a no sabemos qué criterios, se ha vuelto a la presencialidad en ese curso, ante el asombro y la indignación de la
comunidad educativa. Las razones que llevaron a tomar esa decisión siguen existiendo, incluso agravadas, y las obras que se han hecho no aseguran la distancia social ni evitan el elevado número de alumnado en alguna asignatura. Hay un dato más, la semipresencialidad no ha afectado negativamente al rendimiento académico del alumnado, los resultados de la primera evaluación han sido muy buenos.
Nada tenemos más valioso que la salud y la de las personas que nos rodean. Velar por ella corresponde a los gestores públicos. A los alarmantes datos en enero, se sumaban las consecuencias de una borrasca histórica. Todo apuntaba a que la decisión de los responsables de Educación dictaría la no presencialidad durante unos días, o semanas y fomentaría la opción semipresencial donde fuera posible. Parece inverosímil que no sea así. Ahora más que nunca se impone la sensatez y la renuncia a cualquier cosa que no sea la salud y la calidad de vida de la ciudadanía. Todo lo demás es recuperable.
STE-CLM. Guadalajara
