La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no haya procedido a la adquisición de purificadores con filtros homologados, a pesar de haberlos autorizado, y de equipos de medición de CO2 en las aulas como medida de prevención para evitar el contagio de coronavirus.
El sindicato expone que la Consejería de Educación lleva dilatando esta decisión por criterios económicos, lo que ha provocado que hayan sido las administraciones locales y las asociaciones de padres y madres (Ampas) las que se han encargado de su compra y mantenimiento.
El presidente del Sector de Educación de CSIF Castilla-La Mancha, José Antonio Ranz, expone que “se está produciendo una discriminación en la educación pública de la región, hay ayuntamientos o Ampas que sí se lo pueden permitir y otros que no. Se está rompiendo el principio de igualdad de condiciones”.
La instalación de purificadores es una medida preventiva adicional a la ventilación natural y al uso de las mascarillas frente a la bajada de temperaturas, así como los medidores de CO2 para comprobar que no se superan los niveles permitidos, pero “en contra de la evidencia científica de la propagación del coronavirus del Covid-19 en aerosoles en espacios cerrados no se ha procedido a instalarlos, la Consejería de Educación se ha lavado las manos y lo único que ha hecho es permitir su uso”.
De esta forma, Ranz explica que “no puede ser que durante noviembre y diciembre los alumnos hayan estado en clase con abrigos y mantas, además de los propios profesores, es inconcebible que se les exponga de esta forma”.
Así, CSIF reclama a la Junta de Comunidades a que adquiera estos purificadores para todas las aulas de la región de cara al regreso a las aulas el próximo 8 de enero. Además, debe dotar a los centros de una partida económica extraordinaria para afrontar los gastos de calefacción que se están produciendo y se van a producir a para ventilar las aulas.
MAL INICIO DE CURSO
A la complejidad del inicio del curso a causa del coronavirus, CSIF también expone “la política de austeridad planteada por la Consejería”, manifestada a través de la contratación de docentes, muy lejos de los más de 3.000 docentes anunciados por el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, la mayoría de ellos a medio jornada, expone el presidente provincial de Educación de CSIF Toledo, Enrique de la Rosa.
A este ejemplo se suma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que declaraba ilegales las ratios en el curso 2019-2020, un número excesivo de alumnos que se estaba produciendo desde 2016. “Es necesario bajar las ratios en las aulas de cara al próximo curso, ahora se ha celebrado la primera evaluación y se están detectando los problemas generados en el último trimestre del pasado curso con el ‘desenganche’ de los alumnos, en buena parte provocado por el aprobado general impuesto por la Consejería en al pasado curso”, señala De la Rosa.
El presidente provincial también ha reflejado el clima de conflictividad “con problemas graves de convivencia. Todavía tenemos muy presente la quema de vehículos de dos docentes de Méntrida en octubre; es necesario poner todos los medios posibles para atajar esta situación”.
Por último, De la Rosa incidía en que “ha sido gracias a los docentes y a los coordinadores Covid que estamos saliendo adelante, gracias a su profesionalidad y dedicación a pesar de la confusión y falta de apoyo mostrado por la Consejería de Educación”.
