El Partido Popular de Cuenca continúa con la lucha contra la Ley Celaá e intensificaba ayer su recogida de firmas en Tarancón, donde se desplazaba el presidente provincial, Benjamín Prieto, para acompañar a los concejales José Manuel Salas, Ángela Heras y Yolanda Garrido en esta iniciativa que comenzaba la pasada semana. Así, los populares han querido agradecer de forma especial, “la implicación y el apoyo ciudadano en la lucha por evitar la aplicación de una norma injusta que atenta principalmente contra la libertad de los padres sobre cómo quieren educar a sus hijos”. También han tenido palabras de elogio para “todos los profesionales de la enseñanza en nuestro país, a quienes desarrollan su labor en la educación, pública, en la concertada y en la especial” y han abogado por la continuidad de todas ellas, “como lo venían haciendo hasta ahora, garantizando la formación y la mejor preparación para los estudiantes y, así, su futuro”.
El PP ha adjuntado a sus hojas de recogida de firmas el manifiesto de la plataforma ‘Más libres, más plurales, más iguales’ como una manera de “demostrar que los argumentos contra la aplicación de la Ley Celaá son unánimes y que coinciden plenamente con los principios que desde el Partido Popular siempre hemos defendido”. Tanto Prieto como los representantes del PP taranconero quisieron demostrar su apoyo de manera especial a los dos centros de educación concertada de la localidad, Nuestra Señora de las Mercedes y el Colegio Melchor Cano, “a lo largo de los años han educado y formado a generaciones y generaciones de estudiantes de Tarancón, forman parte de la historia de este municipio y no se merecen que los sitúen en el punto de mira, como a tantos otros en España, de un Gobierno que instrumentaliza y utiliza la Educación para conseguir beneficios y pactos políticos”. Recordemos que en el mencionado manifiesto de ‘Más libres, más plurales, más iguales’ se alude específicamente a la enseñanza concertada como garante de un modelo plural, heterogéneo e inclusivo. Deseamos una educación pública plural y de calidad, pero eso no se logra legislando contra la enseñanza concertada. También reitera el texto la necesidad de que una sociedad como la española tenga una escuela plural, gratuita y universal que solo es posible si hay una diversidad de ellas con proyectos educativos y pedagógicos propios y que el Estado tiene la obligación de financiar los centros públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos.
Unos jóvenes peor preparados, la aplicación de un concepto erróneo de inclusión radical, la pretensión de controlar políticamente la educación y la eliminación de valores éticos, filosóficos o religiosos, son otras de las consecuencias de la Ley Celaá, “por todo ello, desde el PP vamos a presentar batalla, llegando hasta el Tribunal Constitucional. Animamos a toda la sociedad a que sigan manifestando su descontento, a que firmen contra esta Ley y que continuemos manifestando en la calle y donde haga falta todo nuestro descontento ante este atropello”.
