El Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado a lo largo de la última semana un nuevo envío de equipos de protección individual a los centros del sistema sanitario público regional con un total de 4.460.200 artículos destinados a los profesionales.
En este nuevo reparto, ha indicado la consejera de Igualdad y Portavoz, Banca Fernández, se ha distribuido entre las diferentes gerencias periféricas un total de 397.000 mascarillas de distintos niveles de protección, más de 4 millones de guantes, 7.200 batas de aislamiento reutilizables y 2.000 gorros desechables.
Además, se han repartido más de 5.000 test de detección rápida del coronavirus que están siendo utilizados, entre otras cosas, para la realización de las pruebas que está llevando a cabo el SESCAM entre los profesores y el personal no docente de Castilla-La Mancha, así como 8.100 hisopos con y sin inactivador.
Desde el inicio de la crisis sanitaria derivada del coronavirus, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha distribuido casi veintisiete millones de artículos de protección para los profesionales que desempeñan su labor en los centros del servicio regional de salud, “lo que demuestra que la obsesión del Gobierno de Castilla-La Mancha para proteger al personal sanitario y sociosanitario está vigente como no puede ser de otra manera”, ha señalado la portavoz.
80.000 euros para 40 plazas residenciales
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha tomado en consideración el contrato de emergencia por importe de 80.000 euros realizado por la Consejería de Bienestar Social para la contratación de los servicios de 40 plazas residenciales en la ‘Residencia de Mayores Villacañas’, en Villacañas (Toledo) para la atención de personas afectadas por COVID-19.
Blanca Fernández ha explicado que a esta residencia, convertida en Centro de Referencia Regional para altas hospitalarias post-COVID, se derivan personas que, tras tener el alta hospitalaria, no pueden volver a su lugar de origen (residencia o domicilio) por motivos de aislamiento, pérdida de soporte de cuidados, situaciones de urgencia social o modificaciones en las condiciones de la residencia de origen. El Gobierno regional ha realizado nueve contratos con esta residencia a los que ha destinado un total de 638.400 euros.
Para la portavoz del Gobierno regional, lo más importante tanto de esta como de las contrataciones que se han venido realizado en los últimos meses es que “se ha garantizado la total recuperación de las personas que han sufrido un proceso hospitalario por causa del COVID-19 y además se ha hecho en condiciones de seguridad”.
