La Diputación de Cuenca ha aprobado por unanimidad en la sesión plenaria ordinaria de este mes de julio la adhesión al pacto contra la despoblación de Castilla-La Mancha. De esta manera se formaliza la unión de la institución provincial a este acuerdo donde están las administraciones, los agentes sociales y las entidades que actúan en el medio rural.
El presidente, Álvaro Martínez Chana, se ha congratulado esta unión de fuerzas para afrontar “un reto vital” para la provincia de Cuenca que implica muchas dificultades, a las que se ha sumado recientemente la pandemia global. Por esta razón, el jefe del ejecutivo ha señalado que es muy importante “alcanzar alianzas” entre regiones y entre partidos políticos para hacer frente común, tal y como han hecho las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón para solicitar una fiscalidad diferenciada a la Unión Europea.
Esta sesión plenaria también ha servido para dar cuenta a la corporación de la renuncia del diputado José Ignacio Albentosa de la formación Cuenca Nos Une, Martínez Chana ha puesto en valor el “trabajo y dedicación mostrado durante estos meses” y considera que es una persona de gran valía y “una pérdida de capital político que sufrimos todos”.
La sesión también ha tenido como momento destacado la aprobación de un texto institucional de apoyo al mantenimiento del tren convencional que tan importante es para comarcas como La Alcarria o La Serranía, tal y como se ha manifestado desde la presidencia del pleno.
En cuanto al resto de puntos del orden del día, se han aprobado por unanimidad las modificaciones en los Planes de Obras y Servicios de Las Valeras, Belinchón, El Picazo y Casas de los Pinos, también se ha firmado un convenio con la Diputación de Albacete para la puesta a disposición de aplicativos y herramientas que integran la plataforma Sedipualba con el objetivo de agilizar los trámites administrativos.
En esta sesión ordinaria también han salido adelante cuestiones de gestión de la Diputación como la modificación del reglamento del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, la revisión del inventario de bienes a fecha de 31 de diciembre de 2019 o la inadmisión de dos recursos de reposición o una modificación presupuestaria para hacer frente a los gastos derivados de la Covid-19.
