En junio, Pere Navarro, Director General de Tráfico, compareció ante la Comisión de Seguridad Vial y reconoció que el estado de alarma había impedido la realización de más de 286.000 pruebas prácticas. Pese a que la Dirección General de Tráfico va a seguir ofreciendo servicio de exámenes durante el verano, muchas de sus Jefaturas están colapsadas. En el horizonte más optimista, la absorción de la bolsa de aspirantes, que no para de crecer, se prolongará durante los próximos meses.
“La situación cada vez es más insostenible; la falta de examinadores y personal administrativo en las Jefaturas está provocando una limitación en los alumnos que podemos presentar a examen, lo que está motivando prórrogas de ERTEs y pone en serio riesgo puestos de trabajo e incluso el cierre de empresas”, ha declarado Enrique Lorca, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).
El máximo dirigente de CNAE indica que “la pandemia nos ha afectado especialmente, dado el escaso tiempo para recuperarnos de dos huelgas recientes de funcionarios examinadores” y añade que, en el momento actual de vuelta a la normalidad, es necesario dinamizar la economía y “que el sector y sobre todo los aspirantes, que pagan en forma de tasa este servicio, no estén coartados ni limitados por los déficits de personal de la Administración”.
La Confederación entiende que se genera un gran daño a miles de ciudadanos que requieren del permiso de conducir para acceder al mercado laboral, sobre todo en el ámbito del transporte donde la demanda social es actualmente muy importante. Así mismo, numerosas oposiciones y otros puestos de trabajo están condicionados a la posesión de algún tipo de permiso de conducción.
“CNAE no pide que aumente el gasto público, sino la inversión pública: el servicio de exámenes de Tráfico es muy rentable y deja beneficios en las arcas del Estado. Cuidarlo sería una operación ganadora para todos: los ciudadanos, las autoescuelas y la Administración; en definitiva, para el país”, ha manifestado Lorca.
CNAE está en conversaciones con la Dirección General de Tráfico (DGT) así como con los diferentes partidos y grupos parlamentarios para instarles a que implementen las soluciones definitivas que el sector necesita, y subsanar las deficiencias estructurales cuyas últimas consecuencias las sufre el ciudadano. En este sentido, “solicitamos al Gobierno de la Nación que se implique decididamente en la resolución de estos problemas, que no tienen su origen en la actual pandemia, sino que vienen de muchos años atrás, y que en el momento actual se han visto agravados”.
