El Gobierno regional ha empezado a coordinar en la provincia de Guadalajara la aplicación del Decreto 21/2020 que regula la concesión directa de subvenciones a entidades del Tercer Sector para atender a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual, que se encuentran en circunstancias de extrema necesidad ocasionada por la crisis generada por la COVID-19. Este decreto se publicó ayer mismo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de junio.
Con este fin, hoy mismo se ha mantenido una reunión de coordinación en la Delegación de la Junta a la que ha asistido la delegada de Igualdad, Sonsoles Rico, junto con responsables del Instituto de la Mujer de Guadalajara, del servicio de Promoción Social y Voluntariado de la Delegación de Bienestar Social, el coordinador de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de Violencia de Género en la provincia y de la Unidad de Extranjería, así como de las dos entidades que desarrollarán el decreto en la provincia.
El objetivo de esta reunión ha sido informar de las acciones que se llevarán a cabo con la intención de establecer medidas de colaboración entre administraciones para una aplicación más efectiva del decreto.
La delegada de Igualdad, ha recordado que “la actual crisis sanitaria no sólo ha puesto en riesgo la salud pública, sino que, además, está afectando duramente a las personas más vulnerables como las mujeres que se encuentran en situaciones de prostitución o son víctimas de trata con fines de explotación sexual”. La extrema situación de vulnerabilidad de estas mujeres se ha visto agravada ya que muchas de ellas han sido expulsadas de sus lugares de residencia, han visto crecer su deuda, y por lo tanto la dependencia de las redes que las explotan, y también se han detectado situaciones de carencia de recursos para atender las necesidades más elementales.
Ante esta situación, el Gobierno regional, a propuesta de la Consejería de Igualdad, ha publicado este decreto con el fin de que entidades del Tercer Sector especialización en estas situaciones realicen un trabajo de intervención social. En concreto, en la provincia de Guadalajara el Ejecutivo trabajará con la Asociación In Género y la Fundación Cruz Blanca.
Los objetivos de este decreto son: realizar un trabajo de intervención social con la finalidad de proporcionar información y asesoramiento en materia social, sanitaria, formativa y laboral; promocionar su autonomía, dotándoles de herramientas, estrategias y redes de apoyo que faciliten su salida de la situación de explotación en la que se encuentran; cubrir necesidades básicas de subsistencia (alimentación, medicamentos, higiene, etc.) y contribuir a la detección de posibles casos de víctimas de trata y de explotación sexual.
Sonsoles Rico ha recordado que “desde el Gobierno regional siempre hemos estado alerta para detectar los posibles casos de explotación sexual y dar una atención personalizada a cada mujer víctima de la prostitución, pero ahora es aún más necesario que trabajemos por dar cobertura a las necesidades básicas y urgentes de estas mujeres para facilitar su salida de los contextos de explotación sexual en los que se puedan encontrar”.
