La Demarcación de Castilla-La Mancha del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ante la situación de excepcionalidad que vive España a consecuencia del COVID-19, ha solicitado a las distintas Administraciones públicas de la región la continuidad de la obra pública y todos sus trámites administrativos para minimizar los daños económicos.
A través de una carta remitida al Gobierno de Castilla-La Mancha, diputaciones provinciales y entidades locales de la región, el Colegio de Caminos considera esencial “no paralizar” y “activar”, lo más pronto posible, los procedimientos de licitación de prestación de servicios y obra pública que tienen pendientes las distintas Administraciones.
El decano del Colegio de Caminos en Castilla-La Mancha, Víctor Cuéllar, destaca que la inversión en infraestructuras debe ser “preferente”. “La obra pública es un sector que puede iniciar la recuperación económica en forma de “V”, capaz de generar empleo, y servir de efecto multiplicador para la reactivación de la economía en su conjunto”. Para ello, según el decano, sería primordial que las Administraciones arbitren un ambicioso programa de inversión en obra pública, ingeniería y construcción.
En la misiva, Cuéllar remarca que, tras superar la pandemia del COVID-19, aspectos como la movilidad, el cambio climático, las energías renovables, la agenda urbana o la despoblación en el ámbito rural, serán materias que tomarán especial relevancia en nuestra sociedad, por lo que ofrece todos los conocimientos y capacidades de los ingenieros de caminos para aportar soluciones.
“Es momento de compromiso y colaboración para que la actividad económica de Castilla-La Mancha no se paralice, y la manera que mejor sabemos hacer, es la de proyectar las futuras obras que ayuden a recuperar y reconstruir nuestro territorio en cuanto finalice esta situación de alarma”, añade el decano.
Finalmente, Cuéllar propone a las Administraciones de la región la liberalización de las licencias de construcción, principalmente de ayuntamientos, mediante la colaboración de los colegios profesionales para que, con el informe favorable de éstos y una declaración responsable del autor del proyecto, puedan iniciarse las obras de construcción previstas.
