Nunca en la historia de España se ha convocado una huelga de izquierdas estando dos partidos de izquierdas en el gobierno, siendo uno de estos partidos el responsable de promulgar y aprobar cuatro de las leyes de educación que han estado en vigor en nuestro país desde la Ley General de Educación de 1970 durante el período de la dictadura franquista.
La Ley General de Educación (LOE) de 1970 surgió como una nueva ley con el fin de acercase a los nuevos avances científicos y pedagógicos más cercanos a Europa; una ley que introdujo por primera vez la Formación Profesional en el sistema educativo ordinario, que consiguió la plena escolarización de los españoles en los niveles obligatorios (E.G.B.) hasta los 14 años y estableció un sistema de becas para lograr la igualdad de oportunidades entre todos los estudiantes.
Tras la LOE, y en plena democracia, se elaboró por parte de UCD la Ley Orgánica por la que se regulaba el Estatuto de Centros Educativos (LOECE) en 1980 y que el PSOE recurrió ante el Tribunal Constitucional, ya que en muchos puntos esta ley no respetaba el espíritu de la Constitución. Tras el golpe de estado el 23 de febrero de 1981 y el triunfo del PSOE en 1982 la LOECE nunca llegó a entrar en vigor.
Seguidamente la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), elaborada por el PSOE en 1985, reguló los centros privados y públicos e incorporó el sistema de colegios concertados.
Así mismo, nuevamente en 1990, el PSOE promulga la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE). La primera ley educativa que tenía como punto de partida el Artículo 27 de nuestra Constitución actual, primera ley plenamente constitucional que da gran peso a las comunidades autónomas en los contenidos educativos y establece la escolaridad obligatoria hasta los 16 años.
En ella se decía que los poderes públicos garantizarían el derecho que asiste a los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. También se reconocía a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
Los centros educativos privados concertados son centros creados ante la imposibilidad del sistema público de enseñanza de atender a la demanda escolar existente y como respuesta al Art. 27 de la Constitución: Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
La enseñanza de la religión se ajustaría a lo establecido en el acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscito entre la Santa Sede y el Estado español y el área de religión sería de oferta obligada para los centros pero de carácter voluntario para los alumnos.
En 1995, con los votos a favor de PSOE, CIU, PNV en contra de PP, IU y CC, nace la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG). Esta ley fue rechazada por los sindicatos de profesores, ya que consideraba que se estaban privatizando los centros públicos, aún así fue defendida por el PSOE.
En el año 2002, tras las críticas a la LOGSE por no fomentar la cultura del esfuerzo, es promulgada por el gobierno del PP la Ley Orgánica de Calidad Educativa (LOCE) posteriormente paralizada por la llegada al gobierno del PSOE en 2004 y derogada por este el 24 de mayo de 2006 para dar paso a la Ley Orgánica de Educación (LOE) con el apoyo de CIU, ERC, PNV, ICN, CC y EA y con el voto en contra del PP.
La LOE fue criticada por la escasa exigencia a los alumnos, con la posibilidad de pasar de curso con materias suspensas y la asignatura de Educación para la ciudadanía en contra del Art. 27 de la Constitución.
En 2013 el PP promulga y aprueba la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) con el objetivo de reducir la tasa de abandono temprano de la educación entre los escolares.
Esta ley educativa no fue apoyada por los nacionalistas debido a que las lenguas cooficiales dejaban de ser asignaturas troncales para ser de especialización opcionales.
En 2018 el Tribunal Constitucional desestima el recurso del PSOE contra la LOMCE considerando constitucional que distintos tipos de educación puedan recibir subvenciones del Estado.
Con la llegada al poder en 2019 del PSOE en coalición con Unidas-Podemos y el apoyo de partidos nacionalistas Pedro Sánchez se rinde al antojo de partidos minoritarios que defienden sus propios intereses y desmiembran la unidad del Estado Español, anulando la legitimidad de la Constitución Española y derogando la LOMCE.
Utilizando un discurso rancio y retrógrado, pero con tintes progresistas, el gobierno social-comunista de PSOE y Unidas-Podemos nos venden una nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), una ley anti leyes que el PSOE ha promulgado y aprobado previamente.
El PSOE, lo que fue un gobierno demócrata, se ha vendido al mejor postor, olvidando en qué país está y que ley nos protege a todos los españoles, la Constitución.
Habrá que recordarle al gobierno que no es la derecha española la que permite a los padres elegir el centro y la educación que quieren para sus hijos, sino el art. 27 de la Constitución. Que no todo lo que a ellos no les conviene es fascismo y que gracias al franquismo los estudiantes españoles han podido estar todos escolarizados y han podido disfrutar de un sistema de becas, el mismo que se van a cargar para el pago de las concesiones autonómicas.
Movidos por el único objetivo de crear diferencias, división y odio entre los españoles, aprovechan el 8M para convocar una huelga estudiantil, feminista, antirracista y antifascista contra la violencia machista y la educación franquista, con fines claramente políticos y no educativos, propios de un régimen totalitario. Utilizan la educación pública para inculcar fanatismos mientras lavan el cerebro de nuestros niños y jóvenes jugando a la revolución con ideologías marxistas; tomando como ejemplo algunos de los países de Latinoamérica, como Venezuela, modelo a seguir de nuestro gobierno actual.
Los padres españoles y el Partido Popular queremos decidir y decimos NO al adoctrinamiento basado en el odio. Pedimos un sistema educativo libre de ideologías radicales que hagan de nuestros hijos unos elementos más del sistema.
Por Mariluz Martínez Torremocha, Maestra y concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Villamayor de Santiago
