El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha vuelto a reclamar hoy una reforma en el modelo de financiación autonómica “si queremos tener alguna posibilidad de éxito” en la lucha contra la despoblación en nuestra región.
Martínez Guijarro, que ha intervenido en el pleno de las Cortes regionales en el transcurso de un debate general sobre esta problemática, ha insistido en que “o se paga el coste efectivo de los servicios en todos los territorios o es muy difícil mantenerlos”, al tiempo que ha subrayado – en alusión a la legislatura gobernada por el PP en Castilla-La Mancha – que “cuando hay un responsable que no tiene un convencimiento político profundo de lo público, lo primero que hace es aplicar ratios” y cerrar colegios o urgencias nocturnas.
En este contexto, ha agradecido especialmente a la bancada del Grupo Parlamentario Popular su “cambio de postura” en la defensa de los servicios públicos en el medio rural, en consonancia con la postura adoptada por el Gobierno de García-Page a su llegada al Ejecutivo en 2015. “Desde que llegamos hemos estado tomando medidas y no podemos estar parados”, ha dicho.
Así, respecto al Pacto contra la Despoblación suscrito la pasada semana en Brihuega (Guadalajara) entre el Gobierno regional, los agentes sociales, la Federación Española de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, y RECAMDER, Martínez Guijarro ha subrayado que “no es incompatible” con el trabajo que se está desarrollando en el Parlamento autonómico en el seno de una comisión sobre despoblación, cuyas conclusiones podrán sumarse a la estrategia que elabora el Ejecutivo regional.
La despoblación, en el debate nacional
Martínez Guijarro ha insistido en que desde el principio, y tras una legislatura en la que se acrecentó la pérdida de población, el Gobierno regional ha trabajado por la recuperación de servicios públicos en el medio rural, acompañado por la puesta en marcha de la Inversión Territorial Integrada (ITI), por la que ya se han movilizado en Castilla-La mancha más de 777 millones de euros de fondos estructurales, desarrollados en 95 líneas de actuación, con criterios de discriminación positiva en zonas despobladas.
Una estrategia “absolutamente novedosa” que, ha añadido, ha recibido el reconocimiento de la Unión Europea, que sitúa a la ITI de Castilla-La Mancha como una referencia por su implementación, dinámicas de trabajo y coordinación desde la Presidencia del Gobierno regional.
Todo ello después de conseguir desde Castilla-La Mancha, junto con el resto de comunidades autónomas que integran el Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos (FREDD), situar el problema de la despoblación en el debate nacional y, tras firmar la ‘declaración de Cuenca’, llevar los retos demográficos hasta la Conferencia de Presidentes.
Por último, el vicepresidente regional ha reclamado a los grupos parlamentarios un “esfuerzo reputacional” en favor del medio rural con “mensajes positivos”, “altura de miras” para abordar el problema de la despoblación y asumir el reto demográfico como “un tema de Estado”, más allá del debate político, que permita implementar medidas a través de las diversas instituciones que tendrán que extenderse “más de una legislatura”.
