La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha subrayado hoy el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020 cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo.
Cumpliendo con lo establecido en el artículo 54.3 de la Ley 11/2003, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas remitió a este órgano consultivo el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020.
En una reunión celebrada el pasado 25 de septiembre de 2019, el Pleno del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha emitió su dictamen favorable a este anteproyecto de ley, autorizando así a dicho dicho anteproyecto se elevara al Consejo de Gobierno para su aprobación como proyecto de ley.
Con el dictamen favorable del Pleno del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, el Consejo de Gobierno aprobado el 30 de septiembre el proyecto de la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2020.
En este proyecto de ley, como es la práctica habitual del Gobierno regional, se incorporaron todas las observaciones que el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha hizo al texto del anteproyecto en su dictamen.
Por todo ello, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas traslada su sorpresa e incredulidad ante el anuncio del PP de impugnar los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para este año, aprobados el 19 de diciembre por las Cortes regionales y en vigor desde el pasado 1 de enero.
En este sentido, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas recuerda que estas cuentas, además de contar con el informe favorable del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, superaron toda la tramitación parlamentaria sin que se planteara por parte de este grupo parlamentario ningún motivo para su impugnación
Así, desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se reclaman propuestas serias para la región y se rechaza esta política de eventos, que no supone ningún beneficio para la ciudadanía de Castilla-La Mancha.
