El Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara ha presentado esta mañana el recurso de reposición que ha interpuesto por un acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno de la Institución que afecta a los Consocios Provinciales de Residuos y Bomberos y sus órganos de Gobierno. El portavoz del Grupo Popular, Alfonso Esteban, ha detallado que tiene que ver con la resolución de 19 de diciembre de 2019 con la que se concedió autorización para llegar a un acuerdo extrajudicial que pusiese fin al procedimiento que se encuentra actualmente abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
En concreto, el proceso judicial tiene su origen en el recurso de apelación que interpusieron en su día seis ayuntamientos, todos ellos socialistas, contra la Diputación Provincial, por la adecuación de la composición de los órganos de Gobierno de los Consorcios, la cual se llevó a cabo contando con todos los informes jurídicos necesarios y cumpliendo con la legalidad vigente, como así dijo el juez de primera instancia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 1 de Guadalajara en noviembre de 2018.
El Grupo Popular argumenta que la Junta de Gobierno no es competente para decidir sobre este asunto porque quien tiene capacidad para hacerlo es Pleno de la Corporación Provincial “y esa competencia en ningún momento se ha delegado en favor de la Junta de Gobierno. Por ello, es nulo de pleno derecho dado que ha sido adoptado por un órgano que no podía decidir”, ha aseverado Esteban.
En relación con ello, “llama la atención que quien firmó la propuesta que se llevó a Junta de Gobierno y que fue aprobada por el presidente y los otros siete diputados socialistas con derecho a voto, fue el vicepresidente primero y diputado delegado de Residuos y afectaba también al Consorcio de Extinción de Incendios”, ha apuntado Esteban.
El diputado provincial, Jesús Herranz, ha explicado que otra razón que da sentido al recurso interpuesto por el Grupo Popular “es la imposibilidad legal de poner fin a un procedimiento judicial de manera acordada por las partes dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa una vez que este se encuentra en segunda instancia, esto sucede dado que los ayuntamientos socialistas decidieron interponer un recurso ante la sentencia del juez de primera instancia que dio en su día la razón a la Diputación Provincial”.
Además de lo anteriormente expuesto resulta que entre los miembros de la Junta de Gobierno que adoptaron el acuerdo ahora recurrido se encontraba el vicepresidente primero de la Diputación, Rubén García Ortega, quien a su vez es el alcalde del Ayuntamiento de Torija quien interpuso en su día el recurso contencioso administrativo del que se deriva el procedimiento pendiente de resolver en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y al que el acuerdo de la Junta de Gobierno pretendía poner fin de manera extrajudicial. Por ello, los diputados populares se preguntan “¿cómo se atreve el señor García a querer poner fin a un procedimiento desde la Diputación de Guadalajara siendo él mismo la parte contraria del proceso judicial, como alcalde de Torija?”
Finalmente, el diputado provincial Francisco Javier Pérez ha subrayado que lo que debería hacer la Diputación, además de cumplir la Ley, es dejar que el procedimiento judicial abierto siga su curso y que sean los tribunales quienes decidan, lo que le debería parecer lógico al Partido Socialista dado que fue quien abocó a seis ayuntamientos a presentar un recurso de apelación en 2018. “No cabe duda que lo único que pretende Vega es favorecer a esos ayuntamientos exclusivamente, evitándoles las costas del proceso, en perjuicio de los intereses de la Diputación Provincial”, ha concluido.
