El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público, social y humanitario, de diferentes subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para proteger el correcto funcionamiento de los distintos centros y servicios de la Red Pública de Castilla-La Mancha destinados a la atención de las personas con discapacidad.
Unas subvenciones que en total suman un millón de euros con las que «el Gobierno de Castilla-La Mancha asegura la estabilidad financiera de las entidades de atención a las personas con discapacidad», ha resaltado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.
Se trata de una respuesta puntual a los organismos que gestionan centros y servicios de la Red Pública de Atención a Personas con Discapacidad y que se encuentran en una situación de desequilibrio al tener que implementar el incremento de los costos laborales derivados de la nueva regulación estatal que afecta a la subida del SMI y la aplicación del convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.
Fernández ha confirmado que con esta medida se beneficiará a 34 asociaciones y fundaciones pertenecientes a la Red Pública formada por los centros y servicios vinculados a la atención temprana, la capacitación e inclusión sociolaboral, el fomento de la autonomía personal y la atención residencial y la acción tutelar, todos ellos destinados a prestar atención y apoyo a las personas con discapacidad y sus familias en toda la comunidad autónoma de Castilla-la Mancha.
La portavoz del Ejecutivo castellano-manchego ha dado especial importancia a esta decisión aprobada por el Gobierno que preside Emiliano García-Página y que entrará en vigor en apenas una semana, ya que estas entidades abarcan más de 100 programas y más de 2.000 trabajadores y 10.000 familias de toda la región ”.
Sobre esta cuestión, cabe reseñar que el 23 de julio de 2019 se firmó el Acuerdo de Colaboración para la Mejora del Modelo de Atención a la Discapacidad, entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI- CLM), un texto que recoge «la necesidad de seguir colaborando específicamente para la calidad y la sostenibilidad de los recursos públicos como medio de garantía de los derechos de ciudadanía y la apuesta por el apoyo a los profesionales del Sector Tercer».
