La Real Federación Española de Caza (RFEC), APROCA y Fundación Artemisan -en el marco del Consejo Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad- han expuesto en el Ministerio de Transición Ecológica y ante la Comisión Europea el problema que las directivas de Aves y de Hábitats están suponiendo para la gestión de los espacios privados y la actividad cinegética.
El encuentro ha estado marcado por el malestar existente dentro del sector cinegético, que denuncia que no se tenga en cuenta a los cazadores y personas del mundo rural a la hora de la aplicación y del desarrollo de los planes de gestión de estas directivas, cuando es el sector que más y mejor trabaja por la conservación de las especies.
La reunión ha servido para que la Comisión Europea evaluara en España la aceptación social de la Directiva AVES, contando con los distintos sectores que influyen en la elaboración de la Directiva Aves y Hábitats: Ministerio de Transición Ecológica, Comisión Europea, RFEC, APROCA, CSIC, COSE, Colegio de Biólogos, Colegio de Ingenieros de Montes, Seo/BirdLife, WWF, ASCEL, GADEN, ClientEarth, CCOO y Cepyme, entre otros.
Por parte de la RFEC han asistido José María Gallardo Gil, adjunto al presidente de la RFEC y presidente de la Federación Extremeña de Caza, y Juan Pascual Herrera Coronado, técnico de la RFEC, y también ha participado Luis Fernando Villanueva como presidente de Aproca y director de la Fundación Artemisan. Todos ellos han defendido cazas regionales, culturales y sostenibles como la de la tórtola, la perdiz con reclamo y el silvestrismo.
Asimismo, un tema de amplio debate ha sido la situación de la gestión del lobo en España. El sector cinegético ha denunciado la inflexibilidad de las directivas, cuyos anexos marcan el estatus de conservación de las diferentes poblaciones de aves y mamíferos. Así, el hecho de que el lobo no sea especie cinegética al sur del Duero es un sinsentido siendo la misma población que al norte.
“Para la gente del mundo rural (agricultores, ganaderos, cazadores, gestores o propietarios), la declaración de un espacio natural protegido se concibe como un problema por las limitaciones y burocracia que generan, por lo que, en lugar de primar esa labor de conservación de los gestores y propietarios, se perjudica a los verdaderos responsables de la gestión de ese espacio”, han denunciado los representantes del sector cinegético ante la Comisión.
José María Gallardo, adjunto al presidente de la RFEC, ha lamentado que la Directiva Aves “escuche sólo a una parte de la sociedad, cuando los cazadores somos los que más nos preocupamos por la conservación de las especies, como demuestra, por ejemplo, el PIRTE que está ayudando a recuperar las poblaciones de tórtolas en Extremadura”.
