Ciudadanos insiste en trabajar para evitar no sufrir una televisión pública politizada, con casos flagrantes de manipulación informativa. Por ello, la formación naranja presentará una propuesta en las Cortes de Castilla-La Mancha de cara a modificar la normativa vigente, para lo cual se espera contar con el apoyo del PSOE y PP, donde cada uno deberá retratarse.
En la primera reunión celebrada entre los miembros del nuevo Consejo de Administración de RTVCM, Ciudadanos ha votado en contra de los perfiles propuestos por PSOE y PP, para la presidencia y vicepresidencia de su consejo de Administración, José Francisco Rivas, ex alcalde del PSOE en Talavera de la Reina, y Rocío Zarco Trollano, ex diputada provincial del PP en Ciudad Real, cuyas profesiones y formación nada tienen que ver con el ente público.
No obstante las representantes de Cs en el Consejo de Administración de RTVCM, Silvia Morales y Marta Moreno, han votado a favor del puesto de secretaria, ostentado por Sara Burgos, al tratarse de un perfil técnico, puesto que es licenciada en periodismo.
Para la formación naranja es fundamental que un órgano tan relevante como es un consejo de Administración de una televisión pública, esté representado por profesionales del sector con una formación adecuada, por eso, desde un principio en Ciudadanos rechazamos que los trece miembros de este órgano fuesen cargos político.
Ciudadanos propondrá la modificación de la Ley que regula el ente público de modo que los miembros del consejo de Administración deban tener experiencia en los medios de comunicación, que conozcan la radio y la televisión desde dentro, y a poder ser trabajadores de la propia casa, lo cual no es posible con la regulación actual.
De igual modo, Ciudadanos apuesta por blindar la independencia y sostenibilidad de la Radio Televisión Pública de Castilla-La Mancha y evitar así, que los gobiernos de turno la utilicen como escaparate publicitario con cargo al dinero de todos los castellano-manchegos. No obstante, el objetivo final es que la RTVCM conserve su libertad para garantizar la pluralidad e independencia de sus profesionales, y acabar así con las injerencias políticas.
