El pasado 16 de mayo, inmersos en plena campaña electoral, el consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández y el alcalde, José Luis Blanco, visitaban las obras de remodelación del segundo centro de salud.
Según informaban por aquel entonces a los medios de comunicación, estaba previsto que en un mes se completaran las actuaciones pendientes de ejecución.
«Han transcurrido casi dos meses desde esta visita y observamos que las obras están paralizadas y que nadie, ni siquiera el señor alcalde, dan una explicación sobre lo que está sucediendo», afirma la portavoz del grupo municipal de IU, María José Pérez Salazar.
«Sin embargo, el pasado 7 de junio fuimos conocedores a través de los medios de comunicación, que la empresa OPROLER, adjudicataria de las obras, presuntamente, presentaba concurso de acreedores. Pero lo más grave aún y que desconocíamos hasta el momento, era lo que la propia prensa afirmaba: que esta constructora madrileña, al parecer, se vio inmersa en un operación policial por el presunto pago de sobornos para conseguir contratos en Cataluña».
Para Pérez, «es vergonzoso que ante un hecho tan grave como es la paralización de unas obras de remodelación de un centro de salud por la presunta quiebra de la adjudicataria, la actitud del gobierno municipal sea la de callar hasta que el temporal amaine y que ningún responsable haya salido públicamente a dar una explicación al respecto.
Desgraciadamente, es lo que sucede con las mayorías absolutas o con los gobiernos que llevan muchos años en el poder, que en base a esa legitimidad democrática que les da las urnas, demuestran poco tiempo después, un ejercicio muy poco democrático de ese poder. Con este abuso pretenden controlar totalmente la administración local, convirtiéndola en una especie de cortijo particular e intentando anular cualquier tipo de oposición o alternativa con ese control férreo de la institución, que principalmente ponen a su servicio», finaliza Pérez.
