El senador del Partido Popular por la provincia de Cuenca, Carlos Algaba, ha asegurado hoy que el verdadero ataque frontal a la autonomía local y a su capacidad de prestar servicios lo propicia el PSOE con su intención de eliminar las diputaciones”.
Carlos Algaba ha reaccionado así ante la petición del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado de la derogación de la Reforma Local aprobada por el Gobierno de Rajoy, asegurando que el PSOE “está radicalizando cada día más su postura frente al municipalismo, primero queriendo eliminar las diputaciones y ahora intentando quitar una Ley que ha supuesto, hasta el 31 de marzo de 2015, un ahorro de 20.205 millones de euros desde el inicio de la legislatura, a lo que hay que añadir los más de 2.000 millones de euros para los ciudadanos y empresas derivados de las menores cargas burocráticas”.
El parlamentario del PP ha defendido que con esta Ley puesta en marcha por el Gobierno de Rajoy “se ha conseguido que todas las administraciones españolas sean más austeras, más útiles y más eficaces; y que haya menos papeleo, menos formularios y menos ventanillas”.
Algaba ha recordado como desde el inicio de la legislatura, el Gobierno está llevando a cabo el necesario adelgazamiento y modernización de la administración, para mejorar su relación con los ciudadanos, para ofrecer más y mejores servicios y para crear nuevos puestos de trabajo. Es por ello, por lo que el popular ha considerado como “imprescindible” continuar con todas las medidas incluidas en esta Reforma, “para consolidar los cambios y para que nunca más volvamos al despilfarro y las ineficiencias del pasado”.
Asimismo, ha pedido al PSOE que reconsidere su postura y apueste por la permanencia y la modernización de las diputaciones “porque permiten la coordinación de servicios esenciales y dan asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios”.
Además, Algaba ha recordado que las diputaciones son instituciones saneadas, que cumplen con los plazos de pagos a proveedores y contratistas, que la deuda que tienen no es un problema para España, pues tan sólo representa el 8% de la deuda de todas las entidades locales y el 0,3% del PIB nacional, y que su eliminación no generaría ahorro, puesto que sus funciones tendrían que ser asumidas por otras instituciones, más alejadas de los municipios, menos conocedoras de la realidad municipal y de las necesidades de prestación de servicios por parte de los ayuntamientos, lo que implicaría una pérdida de eficiencia.
