El 5 de septiembre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) exigió la paralización del desahucio de Safira Sánchez, que está previsto para este lunes 22 de octubre a las 9.00 horas. El Comité subraya que solicita esta suspensión o que, alternativamente, se le otorgue una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades para evitar posibles daños irreparables a la Sra. Sánchez mientras el caso está siendo examinado por esta instancia.
«Los órganos judiciales deben cumplir las resoluciones de órganos de Naciones Unidas cuya competencia para adoptar medidas cautelares a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima ha sido aceptada por España», asegura Alfonso Sánchez, coordinador de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha.
«El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha adoptado unas medidas cautelares para este caso que exigen que Safira, una mujer de 23 años, con un 66% de discapacidad, y con problemas de salud, debe contar con una vivienda alternativa. Si no, no se puede realizar un desahucio”.
España, firmó y ratificó el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 2009 y 2010 respectivamente. Mediante esta ratificación, España reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones conforme a lo dispuesto en el Protocolo y para adoptar medidas provisionales que sean necesarias en circunstancias excepcionales a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación, y ello antes de pronunciarse sobre el fondo de una comunicación.
«Todo esto exige que los órganos judiciales cumplan las medidas cautelares del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas. Amnistía Internacional ha pedido con anterioridad al Ministerio de Justicia (a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional) que realice una declaración o pronunciamiento público dirigiéndose a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de que estos cumplan recomendaciones de organismos de Naciones Unidas, en este caso, medidas cautelares. Safira se encuentra en una situación vulnerable, si no le ofrece una alternativa habitacional, esto incrementará su situación de desamparo», concluye Alfonso Sánchez, coordinador de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha.
Asimismo, la organización ha escrito a las autoridades competentes a nivel autonómico y local recordándoles su obligación de proveer de una vivienda alternativa a las personas sin recursos que hayan sufrido un desalojo. Es una obligación que deriva del derecho internacional y que afecta a todas las administraciones con competencia en materia de vivienda.
