La Plataforma ‘Stop Macrogranjas-Pueblos Vivos’ ha asegurado que la granja de Huerta de la Obispalía (Cuenca) está funcionando sin las autorizaciones ambientales necesarias, y ha acusado al Gobierno de Castilla-La Mancha de intentar acelerar los trámites para regularizar esta instalación en lugar de cerrarla.
Según este colectivo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló el pasado mes de enero el procedimiento de evaluación ambiental y la autorización de esta explotación porcina, al considerar que no se ajustaba a derecho.
Sin embargo, pero en vez de clausurar de forma inmediata la instalación y sancionar a la empresa, la Plataforma afirma en nota de prensa que la administración regional ha permitido que siga funcionando.
Asimismo, sostiene que la Viceconsejería de Medio Ambiente ha acelerado los trámites para otorgar nuevamente las autorizaciones precisas, y que ha publicado exactamente el mismo texto que fue anulado por el alto tribunal regional.
Critica el colectivo que este modo de actuar contradice las declaraciones del director provincial de Agricultura, Joaquín Cuadrado, quien afirmó que «el objetivo del Gobierno regional es que todas las granjas que se pongan en marcha cuenten con las garantías ambientales y sanitarias necesarias», y del consejero, Francisco Martínez Arroyo, quien en sede parlamentaria aseveró que «en Castilla-La Mancha se cumple la normativa ambiental y de control animal y si se detectan anomalías se sanciona a las empresas».
El portavoz de la Plataforma, Daniel González, ha aseverado que este caso es una muestra de que el gobierno regional está «tramitando los expedientes de las explotaciones porcinas intensivas de manera acelerada incumpliendo la propia normativa ambiental».
