El presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto, ha recibido este miércoles en audiencia a una delegación de la Asociación para la Defensa de la Economía Responsable de Almendros (ADERA), integrada por Antonio Heras, Hortensia Bustos y Marta Muñoz, que le han trasladado sus inquietudes y temores ante la instalación en su término municipal de su localidad de una granja porcina para 2.685 cerdas con lechones de hasta 20 kilos y su reposición.
Prieto, tras recordarles que la Diputación no tiene competencias específicas en este asunto y sí la Junta de Comunidades por ser el organismo sustantivo competente en materia medioambiental y urbanística, ha asegurado respetar las demandas de esta plataforma vecinal, si bien ha subrayado que este proyecto de explotación porcina ya cuenta con los informes favorables del Gobierno regional.
Es por ello que el presidente ha señalado que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debería implicarse más con los Ayuntamientos en este asunto y ser partícipe de esa responsabilidad en la concesión de la licencia de actividad con el objeto de dar seguridad y certidumbre a los vecinos de los municipios donde se van a instalar esas macrogranjas.
Y, de la misma manera, ha manifestado echar de menos que, ante la avalancha de solicitudes de este tipo de explotaciones ganaderas en los últimos tiempos, el Ejecutivo de García-Page no haya elaborado un estudio global sobre sus posibles riesgos, así como las oportunidades que generen en nuestro tejido socioeconómico y a raíz de ahí orientar sus políticas en este ámbito, siempre con el objeto de dar seguridad tanto a los emprendedores como a los ciudadanos.
Y es que, tal y como ha remarcado, respeta a los emprendedores que apuestan por esta provincia; eso sí, siempre y cuando sus proyectos estén sometidos a la normativa vigente y en muchos casos sumándoles el sentido común.
En esta línea, Prieto ha recordado que, a pesar de no tener competencias en este asunto de las macrogranjas, la Diputación, en aras de avanzar en esa necesaria seguridad para los ciudadanos, ha iniciado contactos con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para la elaboración de un estudio de nuestros suelos para ver cómo pueden afectar estas explotaciones tanto a la cantidad de agua necesaria para su funcionamiento como a la calidad del agua en relación a la gestión de los residuos, como los purines.
En todo caso, ha indicado que “esperemos que cumpliendo con la normativa vigente y con sentido común, se pueda compaginar el desarrollo económico del territorio con la calidad de vida de sus habitantes”.
