Terminó por fin un 2020 del que, todos estaremos de acuerdo, conviene pasar página enseguida. En términos generales ha sido un año terrible por culpa de la pandemia, pero para los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía lo ha sido especialmente porque, a los efectos de la crisis sanitaria, se le han sumado como durante los últimos cuarenta años los problemas derivados de una enfermedad terrible y cruel con el Tajo: el Trasvase.
2020 ha sido un año especialmente favorable con las lluvias, que nos hubiera permitido recuperar la salud de nuestros embalses si no tuviéramos un parásito que consume todos nuestros recursos sin importarle dejar morir al huésped. En 2020 ha llovido mucho, especialmente en la Región de Murcia; aun así, nos las hemos apañado para desperdiciar este ciclo húmedo y las perspectivas para este primer semestre de 2021 no eran nada halagüeñas: las intensas nevadas nos han dado un respiro, pero la vida nunca da terceras oportunidades.
Nunca ningún Gobierno de España tuvo tantos y tan buenos argumentos para enfrentarse al lobby trasvasista como los ha tenido este en 2020. Nadie más allá del círculo de influencia del SCRATS duda de quién es el gran culpable del atentado ecológico que despidió 2019 con la dantesca imagen de cientos de miles de peces muertos a sus orillas, aquel 12 de octubre. La agricultura intensiva, de carácter industrial, que ha consumido la Región de Murcia alimentada por las aguas del Tajo durante cuarenta años es la gran culpable. Lo sabemos todos, pero el Gobierno, timorato, se mostró reticente por miedo a sabe Dios qué.
A nivel político, poco o nada tiene que ganar el Partido Socialista defendiendo los intereses de los aguatenientes: jamás les van a votar. La agroindustria está más cerca de VOX que del centro político, incluso el Partido Popular le ha visto las orejas al lobo. A nivel económico se pueden entender ciertas preocupaciones: pero ni la agricultura es el gran motor de una Región que cada vez se muestra más empobrecida, ni se puede sostener artificialmente un sector que resulta enormemente dañino para el Medio Ambiente sólo porque genere riqueza en cuatro bolsillos. No abandonamos el carbón y avanzamos por la senda de las renovables para sufragar en cambio una industria que ha drenado un río tan importante como el Tajo y asfixiado literalmente la mayor albufera de Europa.
Por cada gesto a favor de la causa ribereña, el Ministerio se ha descolgado con una retahíla de trasvases máximos sin que hiciera ninguna falta: en el Levante hay almacenada agua de sobra y les hemos proporcionado recursos entre todos los ciudadanos europeos para que sustituyan el agua del trasvase por agua desalada. A cambio, los regantes industriales solo han tenido palabras de violencia y odio contra el Ministerio y nuestra tierra.
Lucas Jiménez terminó el 2020 sacando los pies del tiesto una vez más comparando nuestra legítima defensa del agua con el nacionalismo vasco, buscando la complicidad del cuñado que opina, palillo en boca, en la barra de un bar a golpe de carajillo. No tardará en salir de nuevo a vociferar porque el temporal les haya venido mal.
Pero 2021 alberga una nueva esperanza, quizás la última: la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a fijar por fin caudales ecológicos para el Tajo, sentenciando de facto un Trasvase que nunca jamás ha sabido controlar su gula en favor de las necesidades de la cuenca cedente.
Quiero creer, aunque naturalmente albergo ciertos temores, que el año que viene por estas fechas estaremos brindando con cava de Castilla-La Mancha por el fin del Trasvase. Significará dos cosas: que las vacunas han funcionado y tenemos motivos para estar alegres y que por fin se ha hecho justicia con el río Tajo, en defensa, no lo olvidemos, del patrimonio natural de todos los españoles.
Año de nieves, año de esperanza.
Opinión de Francisco Pérez Torrecilla. Alcalde de Sacedón
