La diputada regional y portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha asegurado que “el sector agrario es el gran olvidado en la gestión y en los primeros presupuestos del bipartito Page-Podemos”.


 

Según ha explicado la diputada regional, en los presupuestos de Page disminuyen las ayudas de modernización a la industria agroalimentaria a través del programa FOCAL, también disminuye el presupuesto para medidas agroambientales y disminuyen las ayudas de indemnización compensatoria para zonas desfavorecidas.

Asimismo, Lola Merino ha indicado que el Gobierno de Page, con el consentimiento de Podemos, disminuye los fondos destinados a la Red Natura Forestal y recorta de manera importante el dinero del sector agrario para destinarlo a pagar las nóminas de Geacam, cuando deberían ser asumidas por otras partidas.

Por todo ello, y porque los primero presupuestos de Page son un “verdadero engaño” para los castellano-manchegos, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos generales de la Junta en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Según Merino, Page y su consejero de Agricultura se han dedicado “a engañar y a maltratar” al sector agrario de Castilla-La Mancha desde que llegaron a la Junta tras haber perdido las elecciones. Y es que, según ha asegurado, la pérdida de millones para el sector agrario es “irreparable” y ha recordado la supresión de la Cumbre del Vino, los 15 millones de euros del Plan Nacional (PASVE) que se han perdido para el vino de la región, los 125 millones de euros del subprograma específico para jóvenes agricultores diseñado por Cospedal que se ha destruido o los 150 millones de euros para el desarrollo rural de Castilla-La Mancha que se han perdido.

Especialmente “escandaloso” es, según la diputada regional, que se haya abierto el plazo para solicitar la PAC de 2016 “mientras aún hay 15.000 agricultores y ganaderos de la región que no han recibido ni un solo céntimo de la del 2015”.

Los agricultores y ganaderos de la región hicieron su solicitud en el 2015, pero aún se les deben 150 millones de euros por motivos imputables “única y exclusivamente a la Administración regional”. Este retraso “inaceptable” va a provocar graves problemas fiscales al sector ya que coincidirán en el mismo año el pago de la PAC de 2015 y de 2016.