La consejera ha afirmado que el agua que sale de forma reiterativa de la cuenca del Tajo podría traducirse en la creación de 40.000 empleos en la región si no se transportase, la misma cifra en la que evalúan el impacto de la derivación en la cuenca receptora. De la Cruz ha subrayado en el turno de réplica que el Ejecutivo regional no quiere el canon del trasvase, sino el desarrollo que posibilita y los 650 millones de euros que genera en varios sectores el agua del Tajo. “Queremos el mismo derecho al desarrollo económico a través del agua. Queremos justicia”, ha dicho.

De la Cruz ha aludido a la importancia de la cifra, puesto que los 75 hectómetros cúbicos trasvasados equivalen al consumo humano de las cinco capitales de provincia de la región durante dos años. También ha hecho mención al problema que se puede producir ante el abuso en las derivaciones, ya que “si los trasvases siguen siendo indiscriminados no habrá agua para nadie”, aventurando que “se avecinan nuevos trasvases” al haber superado hoy los embalses de cabecera los 400 hectómetros cúbicos almacenados.

La titular de Fomento ha defendido ante la Cámara la postura del Gobierno regional tras los seis recursos presentados ante la Audiencia Nacional contra los trasvases aprobados en nivel 3 por el Ministerio. La Junta de Comunidades trabaja en el séptimo recurso a la derivación firmada por Tejerina la pasada semana. También en los recursos contencioso-administrativos contra los Planes Hidrológicos de Tajo, Júcar, Segura y Guadiana, que los servicios jurídicos y técnicos preparan para elevar ante el Tribunal Supremo.

La consejera ha subrayado que “nosotros entendemos que el umbral mínimo para no trasvasar es de 400 hectómetros cúbicos”, cifra establecida tras “la mal llamada paz del agua”, que “ha dado seguridad, pero para que se siga llevando el agua del Tajo”. La consejera ha recordado a los parlamentarios regionales que el propio Ministerio reconoció en marzo de 2014 que los embalses de cabecera superaban los 900 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que situaba directamente “la línea roja” para no trasvasar en 400 hectómetros cúbicos y no en los actuales 336 que ha fijado el Gobierno de España con posterioridad “en una interpretación de la ley muy cuestionable”. Ese límite ha sido transgredido de manera reiterativa por el Ministerio en los trasvases firmados desde el verano.

También ha informado que el Ejecutivo autonómico está solicitando a la Audiencia Nacional el planteamiento de una cuestión prejudicial para su remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al entender que las órdenes de aprobación de los trasvases y las reglas de explotación del mismo “podrían suponer una vulneración de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva Hábitats”, entre otras normas europeas.

En relación a los recursos, De la Cruz ha afirmado que “no pretendemos judicializar la política”, aunque “únicamente podemos recurrir a los tribunales para solicitar amparo ante esta situación” que “hipoteca de los derechos de los castellano-manchegos” y quebranta sus derechos, ya que la región carece de voz en las decisiones que se adoptan en el seno de la Comisión de Explotación del trasvase, en la que “Castilla-La Mancha ha dejado de estar presente”.

A su juicio, el agotamiento medioambiental del Tajo y la dependencia que tienen los regantes levantinos de una cuenca que, como en la situación actual, padece una severa sequía, aconsejan que “en el futuro se busquen soluciones alternativas” permanentes y estables “como la desalación”, algo que prevé difícil mientras el agua del trasvase siga “siendo mucho más barata porque está subvencionada por todos los contribuyentes”.

Abastecimiento y depuración

En otro orden de cosas, Elena de la Cruz ha reprochado al Gobierno regional anterior el haber dejado incompleta la redacción de un II Plan de Abastecimiento que diera continuidad al primero “y que avanzara según los objetivos previstos”. Tal documento “ni siquiera fue sometido a consulta pública en la última legislatura. Fue paralizado”. La consejera ha censurado el déficit de inversiones del Ministerio en sistemas de abastecimiento como el de Picadas-Alberche, cuyo mal estado compromete el agua potable de un área habitada por 300.000 personas y que incluye a Toledo capital, o la red de Morillejo, de la que beben varios de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía.

En cuanto a la depuración, De la Cruz ha definido las necesidades de la región como “acuciantes” tras la “parálisis” de los últimos cuatro años al “limitarse a inaugurar depuradoras que ya estaban en marcha o prácticamente ejecutadas en 2011”. La consejera ha revelado que casi 100 depuradoras se pararon en el pasado mandato, retomando la construcción de “sólo de un puñado de ellas” en 2014. Esta circunstancia ha supuesto una pérdida de fondos europeos (FEDER) que ha cifrado en 29 millones de euros.

 

También se ha hecho eco de las duras sanciones que pesan sobre un número próximo a 75 municipios de la región mayores de 2.000 habitantes por incumplir la Directiva Europea relativa a depuración de aguas residuales urbanas y que están siendo multados por las confederaciones hidrográficas por este motivo.